REDR

Tras ser aprobada la Ley 27/2022, de 20 de diciembre, de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado, cuya disposición sexta establece el desarrollo de un Mecanismo Rural de Garantía (también conocido como «rural proofing»), desde REDR nos hemos propuesto analizar con «lentes rurales» la normativa aprobada desde entonces. Con ello queremos examinar si las leyes que han entrado en vigor posteriormente se han hecho desde un enfoque rural, evaluando los efectos territoriales de estas nuevas políticas sobre el medio y la sociedad rural.

La Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, conocida también como LOSU, entraba en vigor en abril de 2023, sustituyendo así a la Ley Orgánica de Universidades de 2001 (LOU), que tras más de 20 años en funcionamiento había quedado obsoleta.

La LOSU plantea un amplio conjunto de medidas para paliar la precariedad en el conjunto del sistema universitario. Por un lado, incluye cambios para garantizar una carrera académica más predecible, corta y estable. Por otro, trata de adaptarse al cambio demográfico actual, dirigiendo el sistema universitario a todas las edades, facilitando por ejemplo la conciliación de los estudios con la vida laboral y familiar.  Intenta dar respuesta asimismo a las necesidades estudiantiles mediante la creación del Consejo de Universidades y estableciendo un mínimo del 25% de participación estudiantil en los órganos de gobierno de las universidades.

La Ley prioriza la internacionalización y europeización del sistema universitario, fomentando la movilidad internacional de estudiantes, docentes e investigadores.

Además, entre los principales cambios introducidos por la LOSU encontramos la obligatoriedad de Unidades de Igualdad y de Diversidad en todas las universidades, las cuales deberán contar con planes de igualdad, así como de inclusión y de no discriminación. Las universidades han de tener también protocolos contra el acoso y una composición equilibrada entre mujeres y hombres en todos los órganos y comités.

No menos relevante es el compromiso de la LOSU con el aumento de financiación a centros públicos, así como la prohibición de elevar las tasas universitarias. Como parte de este sistema de financiación, la Ley incorpora un eje de financiación adicional al que podrán optar aquellos centros universitarios con necesidades singulares. Entre las universidades que pueden recibir este apoyo financiero se encuentran aquellas dispersas en el territorio o las establecidas en el medio rural.

Y es que otra de las novedades que incorpora la nueva normativa es la de promover la cohesión social y territorial del sistema universitario. No solo se centra en fomentar la inclusión, la sostenibilidad climática o los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la comunidad universitaria, sino que apuesta por un desarrollo económico y social equitativo del entorno. Así, establece que los centros universitarios deberán implicarse directamente y contribuir al desarrollo de las regiones, focalizándose en revertir las dinámicas de despoblación que experimentan las zonas rurales.