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Los programas de desarrollo rural sostenible estarán destinados al 97% del territorio, al ser considerada esa extensión como rural. Así, está previsto que 711 municipios de la Comunidad entren dentro de estos programas, lo que significa que llegará hasta el 42% de la población aragonesa. Estas cifras incluidas en el borrador podrían variar cuando se promulgue la normativa. De todas las comarcas aragonesas, ocho están consideradas como zonas menos prioritarias, diez como intermedias y quince como prioritarias.

El marco de financiación entre 2010 y 2014 será de 1.290 millones, de los cuales Aragón podría recibir 102 millones de euros, tal y como ha aventurado el consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné. A esta cantidad habría que sumar la misma cantidad por parte del Gobierno de Aragón, las aportaciones de las comarcas y los 48,8 millones de euros de los planes piloto

Con respecto a la experiencia piloto, ha recordado que el objetivo era hacer programas que "sirviesen de laboratorios en diferentes territorios de diferentes comunidades" y ha detallado que Aragón consiguió el 20% de los recursos a nivel nacional de estos programas piloto. A finales del 2008 y a finales de 2009 se firmaron cinco y ocho zonas, lo que supuso una aportación del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino de 20,5 millones de euros, a los que se sumaron otros tantos procedentes del Gobierno de Aragón y 600.000 euros de cada una de las comarcas, lo que representó en total una inversión de 48,8 millones de euros. En total se han realizado 350 actuaciones en las trece zonas rurales.

Boné ha reconocido que la ley "permitirá impulsar el desarrollo rural y a una gran parte de Aragón". Cree que puede modificar y establecer "las bases del modelo rural aragonés". Por todo ello, ha pedido el "máximo acuerdo político"

El consejero ha realizado estas declaraciones durante una comparecencia pedida por Chunta Aragonesista al presidente de Aragón para informar sobre la posición política del presidente y del Gobierno de Aragón en relación con los programas piloto de desarrollo rural sostenible en Aragón, a desarrollar tras la firma de convenios de colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, y especialmente sobre los criterios para elegir las comarcas beneficiadas y la ausencia de participación prevista en la Ley 45/2007.

Grupos parlamentarios

Chunta Aragonesista ha criticado que el PSOE y el PAR "se han repartido la presencia en las comisiones de seguimiento", algo que ha afirmado que "no es un ejemplo de pluralidad", tal y como ha indicado el diputado Bizén Fuster. La formación también ha criticado las actuaciones financiadas ya que "en demasiados casos no se ajustan a las previsiones del propio programa".

El Partido Popular ha criticado que en ocasiones se están haciendo con esos fondos "actuaciones que corresponden a otras administraciones como depuradoras o plazas" y ha preguntado si este hecho era "para compensar la pérdida de recursos en el Presupuesto", tal y como ha afirmado el diputado Javier Gamón.

Izquierda Unida se ha mostrado de acuerdo en hacer programas de desarrollo rural "con medios y con participación del tejido social de las comarcas", pero ha pedido que "se llamen a las cosas por su nombre" porque se ve que "con cargo a programas de desarrollo rural se hacen cosas que deberían ir por determinadas vías", tal y como ha señalado su portavoz, Adolfo Barrena.

Por último, el Partido Aragonés ha destacado que los proyectos han sido propuestos y decididos por los territorios "teniendo en cuenta las necesidades de cada una de las comarcas o hacia donde quiere orientar sus recursos", tal y como ha afirmado el diputado Joaquín Peribáñez. El PSOE ha reconocido que es una ley "muy importante" porque es "la primera vez que acomete un plan de desarrollo integral y global del mundo rural", tal y como ha indicado el diputado Javier Sada.