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24/05/2013 Área: Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación Fuente: El País.com
La sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Valencia
investiga irregularidades masivas en la gestión por parte de la Generalitat de dos
líneas de ayudas, financiadas en parte con fondos europeos, que han ascendido a
128 millones de euros en el periodo 2008-2013. Según la denuncia, acompañada
por muy abundante documentación, presentada por una funcionaria de la extinta
Consejería de Agricultura, la
Generalitat abonó con fondos cofinanciados por la UE el cambio de suelo, la
instalación de calefacción o de ordenadores en parroquias cuando las normas
reguladoras de los fondos para desarrollo rural solo hubieran permitido, por
ejemplo, acciones como rehabilitar la fachada de la Iglesia, y ello
justificando que podía servir para potenciar el turismo.
El dinero de Bruselas para generar oportunidades económicas
en las áreas valencianas de interior ha terminado, según la documentación
aportada por la funcionaria, en todo tipo de fines impropios. Compras de
vestuario para clubes deportivos. Adquisiciones de vehículos para la Cruz Roja. Construcción
de dotaciones que son competencia de otras administraciones (como Educación)
que están igualmente vetadas por la legislación europea para evitar el riesgo
de duplicidad en los pagos.
Las ayudas europeas para el impulso económico se usaron para
fines impropios
La
Generalitat habría financiado con la línea de 64 millones de
la línea Ruralter-Leader —en la que el 50% de los fondos son europeos— y con
otra línea propia, dotada también con 64 millones y llamada Ruralter-Paisaje,
multitud de construcciones sin aplicar los controles que establece la
legislación comunitaria, española y valenciana.
No se solicitaba el proyecto de la obra antes de empezar a
financiar el proyecto. Al no comunicar con antelación los precios previstos ni
ser estos revisados por la
Administración, ello impide saber si en la práctica el dinero
público financió el porcentaje adecuado de la obra (el límite en gran parte de
los casos era el 35%), el 100% del coste de los trabajos, o incluso más. El Consell,
según la denuncia, tampoco solicitó como es pertinente los certificados de obra
que justificaban los gastos de los receptores de las ayudas, conformándose con
montones de facturas de, por ejemplo, grandes superficies y almacenes. La
práctica, además, según los datos aportados por la funcionaria, era que nadie
de la consejería se personase para contrastar que las obras subvencionadas
realmente se habían realizado.
La denuncia fue presentada por la funcionaria en septiembre
de 2012, y el ministerio público abrió a raíz de ello diligencias penales de
investigación y nombró a un fiscal instructor. Agricultura prescindió de la
funcionaria, según consta en la denuncia, mediante la no renovación de la
comisión de servicios con la que estaba trabajando en la Administración
autonómica, después de que esta pusiera los hechos en conocimiento de la
justicia.
Entre ellos, por ejemplo, el expediente RTL-10-05-004,
solicitado por una asociación de Chiva. El título del proyecto es “Centro” pero
las facturas aportadas para justificar el cobro son “instrumentos musicales”,
algo que según la denunciante no permitía la ayuda. Pero hay más: “Ciertas
facturas presentadas con el mismo número acreditan distintas cosas: una factura
(justifica la compra) de un piano y la misma factura (la compra de) tres
chelos”. Y aunque la ayuda se solicita mediante una figura administrativa
llamada Grupo de Acción Local (GAL), “el receptor legal” de los fondos resulta
ser una asociación. El asunto es relevante porque una asociación musical puede
solicitar subvenciones que cubran hasta el 35% del coste de un proyecto.
Solicitándolo a través del GAL logró, en cambio, el 100%.
La denunciante también aportó documentación sobre un
expediente del Ayuntamiento de Tuéjar, en el que el título del proyecto no
tenía “nada que ver con la documentación justificativa para el pago”; y “la
actuación trata de suministros de material y equipamiento deportivo cuando
estas subvenciones son para pequeñas infraestructuras”, declaró la funcionaria
ante el fiscal al ampliar la denuncia el 30 de abril. Además, agregó, se
produjo un “desglose en tres partes del expediente de contratación del
Ayuntamiento, de forma que se hace como tres contratos menores”.
Los proyectos fueron admitidos durante la etapa del
expresidente valenciano Francisco Camps, pero el pago de los mismos se ha ido
realizando por anualidades hasta este mismo ejercicio. En total, se han
financiado cerca de 1.000 proyectos solo en la línea Ruralter-Leader
cofinanciada por Europa.
Una portavoz de la Consejería de Presidencia, en la que desde el año pasado está integrada Agricultura, aseguró ayer no tener constancia de la investigación abierta por la Fiscalía. Pero agregó que el departamento ofrecerá su “plena colaboración” con la justicia si es requerida para ello.
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