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17/12/2013 Área: Unión Europea Fuente: EuropaPress
Los ministros de Agricultura de la Unión Europea han
aprobado formalmente este lunes el acuerdo para reformar la Política Agraria
Común (PAC) y el paquete de medidas transitorias previstas para 2014, lo que
permitirá iniciar su aplicación a lo largo del año hasta su plena entrada en
vigor 2015, cuando serán efectivas novedades como el 'pago verde' que
condiciona parte de las ayudas a esfuerzos medioambientales.
El ministro de Agricultura, Medio
Ambiente y Alimentación, Miguel Arias Cañete, ha informado de que España podrá
aplicar la reforma a finales de enero, tras una reunión sectorial prevista para
los días 21 y 22 de enero con las Comunidades Autónomas.
"Tenemos muchos acuerdos
básicos con las Comunidades Autónomas. Distribuiremos los fondos de desarrollo
rural y estaremos en condiciones de aplicar la PAC definitivamente en España. Por tanto, a
partir de finales de enero estaremos en condiciones", ha resumido Arias
Cañete en declaraciones a la prensa en Bruselas, a su llegada a la reunión de
ministros europeos que ha validado la reforma.
Por su parte, el comisario de
Agricultura, Dacian Ciolos, ha celebrado la adopción de los cuatro reglamentos
que dan forma a la nueva PAC y ha dicho que ahora corresponde a los Estados
miembros "decidir cómo van a aplicar la reforma". Para ello, ha
añadido, son necesarias aún algunas precisiones en los textos legales.
"Estamos muy cerca de un texto estable".
Está previsto que los textos
definitivos se publiquen en el Diario Oficial de la UE el próximo 21 de diciembre y
días después, el 27 de diciembre, los documentos relativos a las medidas de
transición, según fuentes europeas.
Los retrasos en las negociaciones
entre los 28, la Eurocámara
y Bruselas han hecho que la mayoría de sus disposiciones tengan que ser
aplazadas al menos un año para dar tiempo a que los gobiernos trasladen a sus
sistemas nacionales las modificaciones.
La nueva PAC contará con 408.310
millones de euros para el periodo 2014-2020, de los que 312.700 euros se
destinarán principalmente al pago de ayudas directas y, en menor medida, a
medidas de mercado y habrá otros 95.600 millones para el segundo pilar, es
decir, fondos para el desarrollo rural. España recibirá unos 37.700 millones de
euros en total para pagos directos y otros 8.300 millones de euros para
desarrollo rural.
Según coinciden todas las partes,
la nueva PAC permitirá una política agrícola "más verde", porque
condicionará un 30 % de los apoyos directos a esfuerzos medioambientales
concretos, como por ejemplo los pastos permanentes, que las organizaciones
ecologistas consideran insuficientes.
La nueva PAC también asegurará un
reparto más "justo" y "equilibrado" entre los agricultores,
pese a que la presión de Estados miembros como España consiguieron descafeinar
la convergencia que intentó imponer Bruselas, para que todos los productores de
la UE recibiesen
el mismo nivel de ayuda de aquí a 2019.
La reforma introduce entre sus
novedades la creación de una "lista negativa" con la que definir de
manera más clara al "agricultor activo", con el objetivo de evitar
que parte del gasto agrícola de la
UE va a parar a manos de los llamados productores "de
salón" que no desempeñan actividad agrícola alguna, como aeropuertos o
campos de golf.
Entre los elementos del acuerdo
figura también la extensión hasta 2017 del sistema de cuotas de producción de
azúcar, tal y como decidieron los ministros, frente al 2018 al que aspiraba el
Parlamento.
La Eurocámara tampoco ha
conseguido defender el techo máximo de 300.000 euros al año por explotación que
Bruselas propuso, ya que los líderes europeos establecieron que esta medida
sería voluntaria para los países y se negaron a negociarla. A cambio, los
gobiernos han aceptado una reducción o 'degresividad' del 5% para los subsidios
que superen los 150.000 euros anuales.
El pacto agrícola que ha superado el voto europarlamentario, además, eleva del 75 al 85% la cofinanciación europea de los programas de desarrollo rural en las regiones ultraperiféricas y en las menos desarrolladas, es decir, las consideradas como 'convergencia', lo que beneficiará a Extremadura.
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