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La Junta de Castilla y León defenderá ante el Gobierno la necesidad de poner en marcha una "importante deducción" por un periodo de cinco años en el IRPF y en el Impuesto de Sociedades para las empresas que apuesten por el medio rural y creen puestos de trabajo en los pueblos, como planteó el presidente Juan Vicente Herrera al jefe del Ejecutivo nacional, Pedro Sánchez, en su reunión el pasado 27 de noviembre.

Esta será una de las principales reivindicaciones que llevará la Junta de Castilla y León a la reunión del día 30 de la Comisión de seguimiento y de evaluación de los resultados de la anterior conferencia de presidentes sin descartar que se pueda fijar también el orden del día para un próximo encuentro entre Sánchez y los presidentes autonómicos.

Según defendió la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, se trata de una medida "muy potente" para atraer empresas al medio rural que necesitaría la aprobación en el Congreso de los Diputados de un proyecto de ley "muy, muy técnico" que ya ha redactado la Junta de Castilla y León para que sea más fácil de ejecutar.

"Se lo hemos puesto muy fácil", defendió la consejera que ha reivindicado medidas para atraer tejido empresarial al medio rural como principal solución para luchar contra la despoblación que sufre Castilla y León.

La propuesta concreta de la Junta pasa por aplicar a las empresas una "deducción importante" por un periodo de cinco años por cada puesto de trabajo que creen en el medio rural, una competencia del Gobierno de la nación ya que, según ha aclarado, el Ejecutivo regional sólo puede actuar en los impuestos de gestión autonómica, como sucesiones o donaciones.

Del Olmo, que compareció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno junto a la portavoz de la Junta, Milagros Marcos, ha informado de que este lunes remitió una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para exigir una vez más la reforma del modelo de financiación autonómica y para que dé instrucciones "a quien proceda" para que lleguen a Castilla y León los 6.710,5 millones de euros anunciados como entregas a cuenta, 474 millones más de los comunicados oficialmente a la Junta, según se reafirmó.

En este sentido, hizo un llamamiento a la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, para que haga "las gestiones oportunas" por su parte para que se cumpla la previsión de entregas a cuenta. "Que se dirija también a la ministra y nos de la cifra que anunció", continuó la consejera a la espera de una "pronta" respuesta, "afirmativa y favorable", deseó.

No obstante, la consejera de Economía y Hacienda se ha reafirmado en que el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2019 es una "ilusión recaudatoria" y apeló en concreto a un informe de la Airef que "tumba" esas cuentas por un "truco contable" en aspectos como la recaudación del IVA o previsión de recaudación de impuestos de "difícil" cumplimiento.

Por último, ha recordado que cuando Pedro Sánchez estaba en la oposición se comprometió a revisar el modelo de financiación autonómica, un asunto que no ha abordado como presidente del Gobierno con el argumento de que no daba tiempo porque iba a convocar elecciones rápidamente. "No ha sido así", constató la consejera, para quien el Ejecutivo no se puede amparar ya en esa falta de tiempo