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Existe una ley, pero está guardada en un cajón y no tiene ni un euro en los Presupuestos del Estado. Hace un año el Gobierno empezó de cero y creó una comisión en el Senado para abordar la despoblación. Mientras tanto, algunas autonomías ponen en marcha medidas concretas para paliar la sangría demográfica ante un plan global que no llega. A ver si esas semillas dan fruto.

El mundo rural tiene un grave problema. No de hoy ni de ayer. El proceso se llama despoblación y afecta a la Comunitat Valenciana y a varios territorios de la geografía española. Su solución es política, pero figura de nuevo en la agenda desde hace apenas un año. El escenario es complejo pero no hay gobierno estatal que lo afronte con valentía, es decir, con presupuesto. Porque invertir donde casi no vive nadie no revierte en votos. No sale a cuenta. Ese es el drama. La solución a la despoblación pasa por un proyecto estatal del que se habla mucho y se ejecuta poco. Porque no se trata de llenar los pueblos de gente, sino de equilibrar la estructura demográfica de un país que cuenta con una imparable desertización del 53% de la superficie española. La mitad de los pueblos está en riesgo de extinción a medio o largo plazo. Solo en la Comunitat Valenciana, más de 70 localidades pierden población de manera regular.

Hay trabajo hecho, pero está guardado en un cajón. Se llama Ley de Desarrollo Sostenible para el Medio Rural y está en vigor (con decreto incluido para su aplicación) desde hace más de una década (data de 2007). La ley concreta las 189 comarcas españolas sobre las que hay que actuar -105 de forma urgente y 84 que se hallan en proceso de despoblación-, que ocupan el 72 % de la superficie del país y se ubican, todas sin excepción, en la España rural interior. La ley «obliga» a invertir todo el dinero que se presupueste a esas 189 comarcas despobladas (prioritariamente a las 105 que se encuentran en situación más críticas) pero «excluye» expresamente a las zonas rurales que la ley llama «periurbanas», es decir, aquellas que se encuentran a menos de 45 kilómetros de las capitales al considerar que cuentan con mejores infraestructuras, servicios y oportunidades. Pero el caladero de votos está precisamente ahí, en esas zonas cercanas a las urbes (y en las propias capitales, también excluidas de la ley). Que el dinero llegue a las áreas más despobladas por obligación ha supuesto que la ley se quede en un cajón y sin un euro previsto en los Presupuestos Generales del Estado desde hace años.

Ante la parálisis del Gobierno estatal, la Confederencia de Presidentes de 2017 exigió incluir la demografía como un factor clave para el próximo modelo de financiación económico, a propuesta de las autonomías más castigadas por la despoblación (Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla La Mancha, Galicia, Exremadura y La Rioja). A raíz de ese encuentro, el Gobierno de Rajoy creó un nuevo cargo -el Comisionado para el reto Demográfico, con Edelmira Barreira al frente- y empezó a trabajar de cero. Una comisión interministerioal, trabajo consensuado con la Federación Española de Municipios y Provincias, participación de las comunidades autónomas, análisis (de nuevo) de la situación... Y cero presupuesto.

Cada una por su cuenta

Pero las comunidades autónomas no se pueden permitir la parálisis estatal. Son sus pueblos los que se quedan sin habitantes. Son sus vecinos los que se quejan de la falta de infraestructuras, servicios y oportunidades en unas zonas rurales que caminan hacia la desaparición. Y han tomado las riendas. Así, cada una ha hecho camino por su cuenta mientras espera una solución «de Estado» que no llega.

La Comunitat Valenciana ya ha hecho los deberes. No han sido los primeros, pero hace un año el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, presentó la Agenda Valenciana Antidespoblament (Avant) que cuenta con la creación de una comisión en todas las consellerias, un congreso previsto para este año y un diagóstico de las universidades. Mientras tanto ha destinado 20 millones de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional a municipios de menos de 20.000 habitantes y relacionados con proyectos presupuestados por más de 100.000 euros que tengan que ver con el patrimonio artístico y cultural, en aras de hacer «atractiva» la vida en el mundo rural.

Los gallegos fueron los primeros en abordar la despoblación por su cuenta y riesgo. En 2013, el Parlamento de Galicia aprobó el primer plan de Dinamización Demográfica 2013-2016 (con horizonte a 2020), al que acompañó a finales de 2015 un programa específico de apoyo a la natalidad (PAN Galicia). En 2018 se han destinado a estos dos planes un total de 133,2 millones de euros, que suponen un incremento acumulado de un 54 % en los tres últimos ejercicios. Entre las principales medidas adoptadas para luchar contra la despoblación destacan desde la «tarxeta benvida» -ayuda directa de 100 euros al mes para el primer año de viva de un bebé- hasta las denominadas «casas nido» -servicio de atención a niños de 0 a 3 años en núcleos rurales que cuenta con 46 casasnido en funcionamiento y 15 más en previsión- pasando por el «bono concilia», que es un programa de ayudas económicas directas para colaborar con el pago de una plaza de infantil privada cuando no hay plaza pública en el municipio; y con otras medidas como la exención del pago de las escuelas infantiles para el segundo hijo o la ampliación de las bonificaciones.

Ahora bien, si se trata de planes ambiciosos, el Principado de Asturias no tiene rival. El plan demográfico de la autonomía (2017-2027) movilizará más de 2.200 millones en políticas integrales para frenar la pérdida de población. El documento se articula en siete ejes de intervención y suma 216 acciones que absorven el 61 % de los fondos. Se trata de medidas relacionadas con el envejecimiento (como impulsar la medicina regenerativa, la asistencia a domicilio...); con la dinamización de las tecnologías y las comunicaciones (para impulsar una economía diversificada, moderna y sostenible en zonas rurales); con políticas de igualdad sobre racionalización de horarios, experiencias de teletrabajo y conciliación familiar; y con el fomento de la natalidad, entre otras.

Aragón también tiene una ruta marcada desde hace un año para luchar contra la despoblación con 380 medidas recogidas en 15 ejes de acción con 70 objetivos. Sin embargo, entre las novedades que aporta este documento destaca el diseño de políticas que van más allá de la pérdida de población para centrarse en el perfil o las necesidades de quienes ya residen en los pueblos. Por ello, entre las acciones prioritarias destaca garantizar el acceso universal a internet y la telefonía móvil, mejorar la movilidad de las personas que no pueden disponer de vehículo propio, mejorar los equipamientos y servicios básicos, disponer de escuelas infantiles y comedores escolares en zonas rurales o mejorar la fiscalidad de empresas ubicadas en medio rural, entre otras.

El Gobierno de Cantabria, por su parte, comenzó en 2016 a trabajar en un plan estratégico sobre el cambio demográfico para ayudar y bonificar fiscalmente la conciliación familiar, fomentar el envejecimiento activo y saludable y acercar el índice de fecundidad progresivamente al promedio europeo (1,59 hijos).

Castilla La Mancha tiene comprometidos 507 millones de euros de fondos comunitarios a repoblar sus zonas rurales más deprimidas a través de la Inversión Territorial Integrada (ITI) mediante la convocatoria de ayudas específicas, instrumentos financieros para sufragar proyectos productivos y una inversión en mejorar las infraestructuras educativas en los pueblos.

Castilla y León, sin embargo, no reconoce un problema de despoblación rural en sí mismo que caracterice la autonomía, sino más bien «un protagonismo netamente mayor de la población del medio rural». Aún así, en septiembre de 2017 la Junta de Castilla y León aprobó la actualización de la denominada Agenda para la Población hasta 2020, que incluye 55 nuevas medidas -y la modificación de otras 32- en ámbitos como la atención de jóvenes, el empleo, conciliación y migrantes.

Para el Gobierno de La Rioja el desafío demográfico es uno de los retos de la legislatura. Para afrontarlo, ha elaborado la Agenda para la Población de La Rioja 2030 que destina, de entrada, 500.000 euros para establecer las iniciativas. Por otro lado, el año pasado el Gobierno autonómico puso en marcha la Oficina de Retorno de La Rioja y un Pacto para la emancipación de los jóvenes que cuenta con un plan anual estructurado en 70 medidas y dotado con 9,2 millones de euros para que los jóvenes se desgraven el 25 % de los gastos anuales de luz y gas y hasta el 40 % en la factura de internet, además de sufragar hasta el 45 % del alquiler. La autonomía también incentiva la natalidad con una deducción de 100 euros al mes para niños de 0 a 3 años que residan en pequeños municipios y concede deducciones para adquirir o rehabilitar una segunda vivienda en el medio rural.