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El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes el Real Decreto que regula el contrato territorial, un instrumento con el que se pretende incentivar la actividad agraria de las explotaciones agrarias en beneficio de un desarrollo sostenible.

El portavoz del Gobierno, José Blanco, señaló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que este tipo de contratos empezó a utilizarse en la última década por parte de algunas administraciones de forma voluntaria para los agricultores y que, con esta regulación, se busca aprovechar sus beneficios.

Esta figura, que se incorpora al ordenamiento jurídico español, tiene como finalidad reconocer y, en consecuencia, retribuir al titular de la explotación por las "externalidades positivas", no remuneradas por el mercado, que dicha explotación genera, según recoge las referencias del Consejo de Ministro.

Estas externalidades son los efectos generados que repercuten favorablemente sobre bienes o fines de carácter público, al margen del interés o beneficio que puedan suponer para la propia explotación y que, a su vez, contribuyen a la mejora de aspectos económicos, sociales o ambientales del territorio. Las explotaciones susceptibles de suscribir contratos territoriales son las de naturaleza agrícola, ganadera, forestal o cinegética.

Con esta normativa, el Gobierno busca orientar los contratos territoriales hacia finalidades como evitar la despoblación del medio rural o implantar una actividad agraria multifuncional que contribuya a la vertebración y reforzamiento de la cadena de producción, transformación y comercialización de bienes o servicios.

A su juicio, esta medida repercutirá también en la mejora de la calidad, la consolidación de mercados locales, la formación o la mejora en la gestión de los residuos.

Con esta figura, también se busca crear y conservar el empleo en el medio rural, fijar en el territorio a mujeres y jóvenes y conservar y restaurar la calidad ambiental.

Un informe anual

El Real Decreto prevé que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) elabore un informe nacional sobre el estado de implicación de esta medida cada año.

El Gobierno ha subrayado que esta normativa ha contado con las aportaciones de las Comunidades Autónomas y de organizaciones de carácter económico, social y ambiental del medio rural.

Por otro lado, el Real Decreto hace referencia a los contratos territoriales de zona rural previstos en la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de 13 de diciembre de 2007, que tienen por ámbito territorial específico las zonas rurales incluidas en dicho programa, a iniciativa de las Comunidades Autónomas.

A estos contratos les serán de aplicación las disposiciones generales contenidas en este Real Decreto.