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En una comisión celebrada en el municipio de Garachico (Tenerife), una media decena de alcaldes de municipios rurales han firmado el "Manifiesto de Garachico", por el que pretenden dar conocimiento al Estado de que el compromiso que ha firmado con las comunidades autónomas "hay que ponerlo en los presupuestos y no vale sólo la palabra", ha recalcado González en rueda de prensa.

El presidente se ha quejado de que esta ley, por la que el Gobierno central y los ejecutivos regionales se hacen cargo al 50 por ciento, "no tiene transparencia presupuestaria", ya que, "las autonomías sólo hablan de la necesidad y de la importancia, pero no se comprometen en sus presupuestos".

"En ninguna comunidad aparece la parte presupuestaria correspondiente de la que tienen que hacerse cargo", ha destacado González, lo que hace que los alcaldes de los municipios rurales tengan "cierta desconfianza" de que se aplique la ley.

El Estado destinará 1.290 millones de euros para el conjunto nacional de municipios rurales en los próximos cinco años, lo que supondrá un total de 2.600 millones si las comunidades autónomas aportan el otro 50 por ciento que han acordado ambas administraciones.

"La crisis económica también ha llegado al medio rural", ha apuntado González, quien ha hecho hincapié en que el presupuesto actual es inferior al que se pretendía en un principio, de 6.000 millones (3.400 millones más de lo que se ha estipulado).

Esta ley prevé un "equilibro" con el objetivo de poder mantener estos territorios y que los ayuntamientos sean los que tengan un mayor grado de gobernanza, ya que se trata de una norma con una filosofía "de abajo hacia arriba" en la que las personas de estos municipios son las que deciden cuáles son las prioridades.

En opinión del presidente de la Comisión Rural de la FEMP, las comunidades autónomas tienen que ser consecuentes con lo que firman con el Gobierno y que "si hace falta le quiten presupuesto a los centros urbanos en beneficio de las zonas rurales".

"Es importante que las necesidades de las personas que viven en medios rurales se reflejen en el presupuesto", ha añadido.

El consejero de Agricultura del Cabildo de Tenerife, José Joaquín Bethencourt, también ha participado en la comisión y ha señalado que la ley de desarrollo sostenible en el medio rural prevé para Canarias 113,6 millones de euros en el horizonte 2010-2016, de los que este año se invertirán 17,6.

Así, más de 90.000 personas en Tenerife, sobre todo de la zona de la Isla Baja, se beneficiarán de la ley, ha especificado.

Bethencourt ha hecho hincapié en la importancia de la visión comarcal, ya que "es preciso mirar más allá de los municipios si lo que se pretende es mejorar el nivel de vida de las personas que viven en el medio rural".

En junio se celebrará en Toledo el primer congreso para todos los municipios españoles de menos de 10.000 habitantes, para que así "los alcaldes expresen sus problemas sepan para que funciona la ley".

La ley, aprobada en Consejo de Ministros en 2008, "supone un desafío para quienes viven en el medio rural", ya que ha sido "una norma demandada y anhelada durante muchos años para equilibrarla calidad y bienestar de la vida de estos ciudadanos", ha explicado el presidente de la Comisión Rural de la FEMP.

Existen 7.457 municipios con menos de 10.000 habitantes en el territorio nacional y casi 8.000 con menos de 20.000, lo que supone el 18 por ciento de la población.