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Artículo publicado en La Voz de Galicia.

La mitad de la población rural, más allá de su formación o de su experiencia profesional, cree que está capacitada para emprender, mientras que a prácticamente tres de cada cinco personas el miedo a fracasar les supondría un freno importante para intentarlo. Esa es una de las conclusiones de un informe titulado Actividad emprendedora en el medio rural y que fue a la Red GEM España-Observatorio del Emprendimiento por parte do Observatorio Maphre de Finanzas Sostenibles. La cuestión es que la puesta en marcha de iniciativas que dinamicen la economía de las áreas rurales es otro de los grandes objetivos de la política agraria común (PAC). De hecho, los fondos del segundo pilar, los destinados a desarrollo rural, están enfocados a ayudar a aquellos que quieren poner en marcha iniciativas de ese tipo. No es más que apoyar el relevo generacional por medio de la puesta en marcha de iniciativas que den valor añadido a la producción agroganadera y, de ese modo, asentar población en los pueblos y aldeas. 

Pero quiénes son los que están emprendiendo en el campo. El informe muestra que la edad media de las personas que tienen intención de emprender en los próximos meses es de 38 años, mientras que la de las personas que están gestionando su propia actividad es de 43, en el caso de los que emprenden una nueva actividad, y de 50 en el de los que ya la tienen consolidada. Además, este informe denota «una dificultad añadida en edades más jóvenes, precisamente aquellas que más complicado tienen abrirse un hueco en el mercado laboral». Lo que se aprecia también es que dado que el mercado laboral continúa sufriendo las consecuencias de la pandemia es probable que esa es la razón por la que hay más actividad por parte de ese colectivo. porque algo más del 30 % de las actividades emprendedoras parten de menores de 35 anos: «Reconectar a esa gente con el territorio es básico para fijar población», advierte el documento.

Para dar mayor flexibilidad a los fondos de este segundo pilar, la PAC permite que las autoridades autonómicas, nacionales o locales elaboren sus propios programas plurianuales de desarrollo rural sobre la base de un menú de medidas elaborado por Europa con el objetivo de crear empleo, además de mejorar la actividad de las comunidades rurales. Esos programas de este segundo pilar están, por tanto, cofinanciados por los fondos de la UE, los del Estado y de las comunidades en las que se vayan a llevar a cabo. 

El Plan Estratégico para la nueva PAC prevé de un modo provisional un gasto público anual para medidas de desarrollo rural de 1.615 millones de euros (1.080 millones de euros de presupuesto del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural, más conocido como Feader). De esos fondos, un 47% corresponden a medidas de carácter ambiental, un campo en el que también se puede emprender y que incluyen, según el Plan Estratégico elaborado el pasado diciembre, medidas agroambientales, inversiones de carácter no productivo, ayudas a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas, además de subvenciones a zonas con desventajas específicas como la Red Natura 2000. Pero también financian medidas de apoyo a la instalación de jóvenes, las inversiones realizadas en explotaciones ya existentes, las estrategias de desarrollo local que recoge el programa Leader y las medidas de cooperación, asesoramiento y formación. 

 Por primera vez, añade el documento, un plan único va a integrar en España las medidas de desarrollo rural de las diecisiete comunidades autónomas, así como las medidas suprautonómicas que en anteriores períodos se encontraban en los 17 Programas de Desarrollo Rural (PDRs) más el Programa Nacional de Desarrollo Rural (PNDR).