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El objetivo fundamental de la aprobación de Ley de Costas (22/1988, de 28 de julio) fue, en su momento, defender la integridad del litoral por estar sometido a una gran presión urbanística. Sin embargo, la modificación propuesta por el Gobierno significa dar un paso atrás en la protección de las costas.

Dos son las amenazas principales que están reconocidas por la propia ley: la destrucción de los ecosistemas naturales y la privatización de su uso, mediante el otorgamiento de concesiones para que sustraían del disfrute común grandes extensiones de la ribera del mar para uso privado.

Según Juan Carlos del Olmo, Secretario General de WWF España, “La Ley de Costas es el único instrumento con el que contamos para proteger nuestro litoral de la desnaturalización, aunque en muchas ocasiones con escaso éxito” Según WWF, en España, las infraestructuras y el desarrollo costero han producido la pérdida del 75% de los sistemas dunares en el Mediterráneo y el 70% de los humedales costeros están alterados o degradados.

Según la Constitución española, la ribera del mar y las playas son bienes del dominio público marítimo-terrestre y la Ley de Costas pretendía su incorporación al mismo transformando los derechos de propiedad, indebidamente existentes en la costa, en concesiones por treinta años, y, excepcionalmente, prorrogables por otros treinta.

Con la reforma impulsada desde el gobierno, se pretende que estas concesiones residuales que no estaban en el mercado inmobiliario (por no ser objeto de compra-venta) ahora se incorporen al mismo favoreciendo la especulación de los bienes presentes en la línea de costa. Así, estas concesiones que estaban destinadas a extinguirse y ser incorporadas al dominio público marítimo-terrestre, por contra se revalorizarán y esto dificultará su recuperación para el dominio público antes de su vencimiento.

“Desde su creación, la Ley de Costas ha sufrido numerosas modificaciones para disminuir los mínimos de protección establecidos en 1988. Cada vez que ha habido un intento de aplicación estricta, como ha ocurrido con los deslindes en los últimos años, se promueve una reforma de este tipo que disminuye la protección del litoral”, añadió Juan Carlos del Olmo. ”Y no es la primera vez que se realiza estas modificaciones de la Ley sin participación pública”

Según WWF, se da el agravante de que este proyecto de Ley no ha sido objeto de participación ninguna, ni siquiera ha pasado por el Consejo Asesor de Medio Ambiente. Estos hechos vulneran el Convenio de Aarhus y la Ley 27/2006, de participación en materia de medio ambiente. Las organizaciones ecologistas han mostrado su rechazo a esta forma de tramitar la modificación de la Ley de Costas ante la Ministra de MAMRM y el Ministro de Justicia.