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Seguro que si les piden que pronuncien la palabra que les sugiera el término 'medio rural', la respuesta sería 'pueblo'. Si convertimos a esta última de nuevo en objeto del mismo juego de palabras, les vendrían a la cabeza los conceptos de 'agricultura' y 'ganadería'. Y es que sin estas dos actividades no se puede entender el medio rural. Y mucho menos, sin sus profesionales. Por eso, ésta es la filosofía que está marcando la redacción de la primera Ley de Desarrollo Rural de Castilla y León en la que trabaja en estos momentos un grupo de expertos de las consejerías de Agricultura, Economía, Fomento y Medio Ambiente, dentro de la Comisión de Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, cuyo contenido ya se conoce en el seno de ese órgano, donde fue presentada hace dos meses. No obstante, el documento está siendo mejorando con las incorporaciones que han empezado a llegar durante el mes de marzo.

Con esta nueva ley lo que se pretende es «aumentar la competitividad del sector agrario; impulsar y recuperar la diversidad productiva que hay en el medio rural; conseguir el rejuvenecimiento del mundo rural a través de la formación y el desarrollo de incentivos al fomento de la incorporación de jóvenes; mejorar la calidad de vida en el entorno rural; conseguir una ordenación equilibrada y proteger y recuperar los paisajes incluidos los que están ligados a la actividad agraria», según reza en los objetivos de lo que todavía es un proyecto de ley.

La Consejería de Agricultura no quiere demorarse mucho para su puesta en marcha y, de hecho, pretende que llegue a las Cortes regionales en el actual periodo de sesiones la que sin duda va a ser una de las leyes más importantes de la legislatura, que marcará gran parte de los programas y proyectos de las consejerías implicadas, más teniendo en cuenta que en Castilla y León el 60% de la población vive en el medio rural y el 80% de ella lo hace en municipios de menos de 1.000 habitantes.

A título principal En la futura ley regional se ha incluido una de las reivindicaciones históricas del sector, que va a ser regulada por primera vez. Se trata de la consideración del agricultor y ganadero a título principal (el que obtiene al menos el 50% de su renta de la actividad agraria ejercida en su explotación y cuyo tiempo dedicado a otras actividades es inferior a la mitad de su tiempo de trabajo total) como objeto «prioritario y destacado» de las políticas de desarrollo rural.

Con la ley que prepara la Junta, esto está garantizado puesto que, como explica la consejera de Agricultura, Silvia Clemente, «consideramos al sector agrario como un sector estratégico». Ésta es una de las grandes diferencias que existen entre la norma regional y la que aprobó el Gobierno central hace algo más de un año, la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

Además, en la norma nacional no se destaca, según Clemente, la prioridad de la ley basada en el profesional agrario, ni tampoco la consideración de las explotaciones. «Nosotros vamos a fijarnos en las explotaciones que desde el punto de vista económico tengan una cota de productividad suficiente», explica la consejera, antes de recordar que este aspecto fue una de las críticas que Castilla y León presentó a la normativa nacional, «que se fija en todo tipo de explotaciones y no en las productivas». Sin embargo, hay un aspecto en lo que pueden coincidir ambas normativas ya que la ley que prepara la Junta contempla también la creación de un instrumento para «planificar el desarrollo rural» a través de lo que se ha denominado un plan director de la comunidad, que se encargará de fijar las zonas de actuación rural. «Aquí sí que se da una coincidencia con las zonas previstas dentro de la ley del Estado», reconoce Clemente. Desde el punto de vista de la organización, se va a crear un nuevo órgano competencial que depende de la Comisión de Política Territorial y Desarrollo Rural, que se creó en agosto del 2007, y que se encarga de informar sobre el plan director y el resto de programas en los que vienen trabajando previamente.

El nuevo órgano es un consejo asesor encargado de llevar la prescripción previa de las iniciativas que se incorporan al plan de trabajo para el desarrollo rural. Contará con más participación de otras administraciones y de la propia Junta «para darle un carácter horizontal a los planes». Cuatro estrategias El trabajo en este sentido está concebido a partir de cuatro estrategias.

La primera es la de caminar hacia un medio rural diverso y competitivo, que contempla todos los parámetros económicos -competitividad, modernización, mejora de la calidad, promoción y comercialización-.

La segunda se dirige hacia un medio rural cohesionado e igualitario, con calidad de vida y bienestar (a través de la cual dar un impulso a la igualdad de la mujer, despertar la conciencia de riqueza del medio rural).

La tercera consiste en trabajar para tener un medio rural sostenible, importante para desarrollar la reducción de gases de efecto invernadero. «Queremos darle importancia porque hay muchos fondos europeos que vienen a aliviar los efectos que produce la actividad agraria en el efecto invernadero», afirma Silvia Clemente.

Y la cuarta estrategia tratará de conseguir un mejor gobierno en el medio rural, es decir, «que exista mas proximidad entre los agricultores y ganaderos y los servicios públicos de titularidad autonómica». La ley atenderá además a la gestión y aplicación de los fondos europeos Feader que están muy ligados a la agricultura y la ganadería y a una atención especial a la igualdad de las mujeres.

También estará recogida la modernización de regadíos y el refuerzo de la agricultura ecológica, así como el acercamiento a los procesos informáticos de tal forma que se reduzca la burocracia y los agricultores puedan dirigir la documentación a las distintas unidades sin necesidad de desplazarse, sino a través de la web.