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El Secretario General de Medio Rural, Eduardo Tamarit, presídió ayer en Madrid la reunión de la Mesa de Asociaciones de Desarrollo Rural, en la que se ha revisado el proyecto de Real Decreto del Ministerio que regula el contrato territorial, como instrumento para promover un desarrollo rural sostenible, así como los proyectos de Planes de Zona de Castilla y León calificadas como "a revitalizar".

El proyecto de Real Decreto del contrato territorial tiene por objetivo regular este instrumento de carácter contractual y de aplicación voluntaria tanto para las comunidades autónomas que quieran ponerlo en práctica como para los titulares de explotaciones agrarias que opten por suscribirlo.

Su principal finalidad es la retribución al titular de la explotación por las externalidades positivas que dicha explotación genera, es decir, por todos los efectos positivos que mejoran el estado de bienes, fines o intereses públicos o generales, ya sean sociales, ambientales o económicos,  siempre que resulten diferentes de los de la propia explotación.

El contrato territorial también pretende ser un instrumento adaptable a la realidad y potencialidades de cada explotación, diferenciándose de otras líneas de apoyo como las ayudas agroambientales, pero que tienen un diseño más rígido y básicamente las mismas características para todas las explotaciones.

Por tanto se trata un instrumento de apoyo al desarrollo rural sostenible innovador, voluntario, de larga proyección y gran versatilidad, que ha contado con un amplio acuerdo en la mesa.

El Director General  también ha informado a los miembros de la Mesa sobre el estado de aplicación del los Planes de Zona que ya tienen preparados y consensuados con el Ministerio las comunidades de Aragón, Navarra y Asturias y ha planteado un análisis sobre  los 28 planes de zona presentados por la Junta de Castilla y León.

Sobre estos planes ya se ha alcanzado un principio de acuerdo con el MARM en el seno de la Comisión bilateral de Seguimiento, pendiente de que la Junta complete o mejore determinados aspectos concretos de estos planes, y del sentido del informe de la Mesa de Asociaciones y del Consejo para el Medio Rural.

Las 28 zonas rurales de Castilla y León cuyos proyectos de planes de zona se han presentado están todas ellas calificadas como "a revitalizar", tienen una población de unos 643.000 habitantes (25% de la población de la comunidad), pero ocupan una superficie de casi 72.560 km2 (el 77% de la Comunidad Autónoma).

La Mesa de Asociaciones es el órgano de información, interlocución y participación de las organizaciones no gubernamentales de ámbito nacional en las iniciativas de la Administración General del Estado dirigidas al medio rural. En ella están representados, entre otros, las redes de desarrollo rural, organizaciones agrarias, sindicatos, empresas agroalimentarias, cooperativas, grupos conservacionistas, organizaciones de mujeres y personas con discapacidad.

Distintas organizaciones retieran su apoyo

Por otra parte, distintas organizaciones agrarias, sociales, ambientales y de desarrollo rural han reiterado su apoyo a la figura de los Contratos Territoriales de Explotación. En la recta final del proceso de aprobación del Real Decreto que regula los Contratos Territoriales de Explotación, más de 20 organizaciones de todos los sectores, entre ellos la Red Española de Desarrollo Rural, insisten en su respaldo a esta figura, recogida ya en la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.  

Independientemente del retraso que pueda llevar la puesta en marcha del primer programa derivado de la Ley de desarrollo sostenible del medio rural, está claro que nadie podría oponerse a la aplicación de medidas que pretenden mejorar la calidad de vida en el medio rural, como la superación de deficiencias en servicios básicos e infraestructuras, la mejora del patrimonio o el fomento de nuevas actividades económicas. De hecho, sin apenas experiencias previas similares, la propia OCDE ha identificado esta Ley como un nuevo referente para las políticas de desarrollo rural.

Dentro de esas medidas, se contempla el uso de Contratos Territoriales de Explotación como una forma de apoyar a la agricultura territorial. Es necesario señalar que estos contratos, en caso de aprobarse la norma en tramitación, no serían obligatorios para los agricultores, y tampoco tienen nada que ver con los requisitos medioambientales de la condicionalidad que deben cumplir aquellos que reciben ayudas de la PAC, por lo que no supondrían un aumento de obligaciones.