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La segunda reunión preparatoria de la Conferencia de Presidentes, que se celebrará el próximo martes en el Senado, ha sido «muy positiva» porque «se respira en el ambiente las ganas de buscar acuerdos y consenso», según dijo al término de la misma el vicepresidente y consejero de Presidencia, Jose Antonio De Santiago Juárez.

Según explicó ha salido adelante una propuesta de Castilla y León para elaborar una «estrategia nacional para hacer frente a la despoblación» que será aprobada en el encuentro de presidentes autonómicos y que deberá estar lista antes de fin de año.

Además la Conferencia de Presidentes aprobará la puesta en marcha de un grupo de trabajo para elaborar un nuevo modelo de financiación autonómica. El grupo deberá estar constituido antes de un mes y, como novedad, contará con un representante de cada comunidad autónoma, según explicó el vicepresidente de Castilla y León.

Para De Santiago Juárez es «muy importante» que «por primera vez» se eleve al «ámbito nacional» la elaboración de «una estrategia para hacer frente a la despoblación y el desafío demográfico».

De esta manera recordó que es «algo por lo que venía trabajando Castilla y León desde hace mucho tiempo» y al final «hemos conseguido elevarlo nada menos que a la Conferencia de Presidentes para que adopte un acuerdo entre todas para que el Gobierno de España ponga en marcha una estrategia nacional» antes de que acabe el año 2017 acordada con «todas las Comunidades y todas las administraciones locales».

A su juicio estamos ante un «problema gravísimo» porque la despoblación y los «problemas» demográficos afectan a «los pilares del estado de bienestar».

Respecto al modelo de financiación, aclaró que si bien faltan por cerrar «algunos flecos» en la metodología para negociarlo el acuerdo «está prácticamente cerrado». Según De Santiago Juárez, la principal diferencia radica en que algunas regiones, como Castilla y León, consideran que el modelo debe recoger una partida concreta para «la dependencia» mientras que el Gobierno central considera que es mejor hablar en conjunto de todos los servicios públicos esenciales.

En todo caso destacó como «inmediatamente» se va a poner en marcha la reforma del modelo con la creación de un «grupo de expertos» en el que, como novedad, van a estar representadas las Comunidades Autónomas.

Otra cosa diferente, reconoció, es la aprobación del modelo en sí mismo ya que, recordó, es algo que «no puede aprobar la Conferencia de Presidentes» sino que corresponde «primero» al Consejo de Política Fiscal y Financiera y después al parlamento, que es quien tiene que dar el visto bueno a la LOFCA, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.

A este respecto se mostró «optimista» porque, según dijo, el actual modelo «nació muy mal, casi inservible» y para Castilla y León es «insuficiente» porque «no cubre ni siquiera los servicios públicos esenciales».

Por eso considera «evidente» que debe ser reformado aunque reconoció que no se puede marcar un plazo porque la fragmentación parlamentaria que tiene España ahora hace «muy difícil» prever cuándo podrá aprobarse. No obstante se congratuló por el buen comienzo que todas las comunidades se hayan puesto de acuerdo «en que hay que reformarlo».