REDR

En el Perú de los últimos años  «lo rural» se hace visible sobre todo asociado a conflictos,  que  suelen son de carácter medioambiental o vinculados al narcotrafico y la violencia política. En general falta visibilidad de lo rural y prima un desinterés respecto a su problemática en la sociedad peruana y sus organizaciones.  

Ademas de otros factores,  la retracción en la investigación aplicada  en el ámbito rural se explica por las dificultades para realizar trabajos de campo en las décadas de 1980 y parte de 1990 debido al terrorismo, situación que se fue revirtiendo paulatinamente. Aún así, son pocos las y los investigadoras de centros y universidades que se ocupan sistemáticamente de lo concerniente al desarrollo rural. Uno de los espacios que ha persistido a lo largo de los años es el Seminario Permanente de Investigación Agraria (SEPIA), que desde su fundación anima la investigación y el intercambio sobre la problemática rural. Sin embargo, son muy pocos los estudios que abordan la situación de la mujer.

Hay experiencias desde las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que se dedican a la promoción del desarrollo rural en todas las regionesdel país, pero pero sin lograr constituir una plataforma de acción  y una propuesta en materia de desarrollo rural, y las publicaciones sobres sus resultados son escasas (Trivelli 2006).  Un esfuerzo reciente es el de La Red de Desarrollo Rural para la Sierra  formada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) y el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) para promover una estrategia integral de desarrollo rural, que ha producido el estudio “Desarrollo rural para la sierra: elementos para promover una estrategia integral de desarrollo”, que focaliza  su acercamiento en el “hogar rural” y, salvo unos pocos indicadores demográficos diferenciados por sexo en la parte del diagnóstico, no contempla la situación de la mujer rural como parte del estudio.

Investigaciones y conocimiento

Una revisión de publicaciones sobre mujer rural, que no pretende ser exhaustiva, revela la enorme dispersión en cuanto a ejes de análisis, que son tantos como los procesos que se dan en el país, específicamente en el espacio rural; también se evidencia que, salvo contadas excepciones, son mujeres quienes se ocupan del tema. Los escasos diagnósticos, estudios de casos, investigaciones y sistematizaciones sobre mujeres rurales que provienen básicamente del accionar de ONGs también son focalizados  y parciales y, en general, su prioridad está en visibilizar las brechas de género en el tema específico que abordan (educación, salud, violencia política, participación ciudadana y política, participación electoral, identidad cultural, acceso a la justicia, violencia política, crédito rural, presupuestos participativos, empleo rural, microempresas rurales, etc.). 

Por otra parte, resulta evidente que, dada la diversidad del país, no es posible hablar de la “mujer rural” en general, pues la situación varía en función de la región donde viva y  los procesos nacionales adquieren particularides regionales. En esa medida,  también hay una producción de conocimiento y de experiencias de promoción con mujeres rurales en áreas específicas y muy focalizadas, que no se difunde y, por tanto, no se conoce.

Jeanine Anderson ilustra la situación mostrando los esfuerzos de una comunidad de especialistas en género (usualmente mujeres) al interior del conjunto mayor de personas que contribuyen a la investigación económica y social en el país, expresando que “El género se problematiza y se estudia donde estas investigadoras están y en relación con los temas que ellas trabajan. Fuera de su alcance, no recibe mayor atención. En resumen, el balance refleja: El arrinconamiento del género en ciertos temas y ciertas autoras (excepcionalmente, autores), la escasa interacción entre los especialistas en género y el resto de los investigadores y poco debate en las investigaciones que toman posi¬ciones divergentes respecto de la influencia del género o las maneras de enfocarlo” (El enfoque de género en la investigación del CIES: Balance y Propuestas. Anderson y León, Lima 2006).

Políticas y acciones 

Los proyectos de promoción para mujeres impulsados desde las ONG, tanto mixtas como de mujeres, enfatizan programas de crédito para pequeño comercio y menos para producción, los cuales están mayormente localizados en centros urbanos con dinamismo comercial y en entornos rurales. Hay otros proyectos que, impulsando propuestas de desarrollo rural, incorporan a las mujeres en sus actividades.

Desde Lima destaca el trabajo de ONG feministas como el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, que apoya la Red de Mujeres Rurales y del Movimiento Manuela Ramos, que promueve la articulación de organizaciones de mujeres rurales, así como de otras instituciones regionales (departamentales según la división político administrativa peruana) que están en la misma línea, pero no se puede decir que exista una propuesta general que articule el tema de Desarrollo Rural y mujer  desde estos espacios.

En cuanto a la política estatal referida al desarrollo rural, uno de los esfuerzos más serios fue la fomulación de la Estrategia Nacional de Desarrollo Rural  (ENDR),  aprobada el año 2004 por Decreto Supremo.  El documento contiene nueve lineamientos estratégicos y el octavo propone la incorporación de los grupos sociales secularmente excluidos de las opciones del desarrollo con mención a las mujeres. En éste, la tercera iniciativa plantea la “priorización de iniciativas orientadas a mujeres rurales cabezas de hogar”. Una vez más la mujer es vista como parte de la población vulnerable.

Recientemente, el gobierno peruano creó mediante Decreto Legislativo el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (AGRO RURAL) con el fin de combatir la pobreza rural, con el que se pretende abarcar inicialmente mil distritos del ámbito rural en 20 departamentos del país. De la información disponible sobre el programa se deduce que el enfoque de aproximación es al hogar rural y no reconoce  a la mujer rural en su especificidad y, por tanto, desde sus intereses y necesidades.  Pese a ello estos proyectos enmarcados en el enfoque de la ENDR podrían ser una oportunidad para articular el tema de mujer y desarrollo rural.

En las políticas públicas dirigidas específicamente a las mujeres,  la normatividad  busca la promoción de la igualdad de oportunidades y equidad de género, dándose reconocimiento formal de las mujeres rurales, como es el caso de  La Ley 28983 de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, de Marzo 2007. En su artículo sexto, de los Lineamientos del Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y gobiernos locales, dos acápites las aluden, el inciso d, que propone “ Fomentar el acceso a recursos productivos, financieros, científico-tecnológicos y de créditos para la producción y titulación de tierras, particularmente a las mujeres en situación de pobreza, teniendo en cuenta la diversidad geográfica, étnico-cultural, lingüística y las zonas afectadas por la violencia política” y el e, que apunta a “Promover la participación económica, social y política de las mujeres rurales, indígenas, amazónicas y afroperuanas así como su integración en los espacios de decisión de las organizaciones comunitarias, asociativas, de producción y otras, garantizando su acceso a una remuneración justa, indemnizaciones, beneficios laborales y de seguridad social, de acuerdo a ley, en igualdad de condiciones con los hombres”.

Por su parte, el Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y Hombres 2006-2010 elaborado por el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES) plantea en su Objetivo Estratégico 4.2  “Garantizar la igualdad de oportunidades económicas para la generación y mejora de ingresos de mujeres y varones de zonas urbanas y rurales” con metas entre las que destaca que el “50% de Gobiernos Regionales y 25% de gobiernos locales tendrán sistema de formación productiva articuladas al mercado, principalmente para mujeres rurales y  habrá incrementado en 20% el número de mujeres con títulos de propiedad de tierras y bienes de capital”.

Como es evidente, los programas desde el Estado mantienen un enfoque que privilegia como objetivo a la familia o al hogar rural y no a la mujer rural en su rol de productora en particular. Pese a ello, es importante mencionar que los cambios que se están generando a partir del proceso de descentralización del país, que empezó el año 2003 con la elección de los gobiernos regionales, han abierto nuevos espacios de participación para las mujeres en todo el Perú, como el proceso de presupuesto participativo, que está demostrando un gran potencial como espacio donde pueden confluir las propuestas de las mujeres rurales y las de desarrollo rural.

Organizaciones sociales

Los gremios agrarios se encuentran fuertemente debilitados y no  tienen una propuesta para afrontar la problemática del desarrollo rural. Las principales organizaciones campesinas, como la Confederación Campesina del Perú,  Confederación Nacional Agraria, se encuentran en crisis desde hace un buen tiempo y los gremios actuales más fuertes se organizan sectorialmente y sobre todo por líneas de productos. De esta manera, un tema más transversal, como el desarrollo rural, no entra en sus agendas ni preocupaciones; ni los articula o aglutina (Trivelli 2006). La Convención Nacional del Agro Peruano (CONVEAGRO) es actualmente el gremio que lidera las propuestas en cuanto a política agraria, pero no tiene una perspectiva clara de desarrollo rural.

Como es evidente, la debilidad de las organizaciones campesinas también alcanza a las de las mujeres. Las pocas organizaciones de mujeres rurales que existen están desarticuladas y cada cual tiene su propia agenda. Existen organizaciones de mujeres regantes en el norte y de productoras en otras zonas del país. Asimismo, las mujeres asalariadas en la agroindustria se han organizado para defender sus derechos y,  por otra parte, se tiene un creciente movimiento indígena que reivindica temas de territorio e identidad cultural. 

En el año 2006, con el apoyo de algunas ONG feministas,  se creó la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú- FEMUCARINAP (Revista Chacarera 36, Lima, 2008) que reúne a aproximadamente ocho mil mujeres rurales, organizadas en asociaciones, federaciones, sociedades productivas, sindicatos, cooperativas, comités, entre otras. La mayoría de sus integrantes provienen de organizaciones de base de las Centrales Campesinas, Confederación Nacional Agraria y Confederación Campesina del Perú, organización que no tiene, hasta el momento, mucha visibilidad pública. 

Como puede verse, la debilidad organizativa,  sumada a la desarticulación, dificulta la articulación de agendas que concluyan en una propuesta para incidir en la política de desarrollo rural desde la perspectiva de las mujeres. 

Expectativas

A partir de lo descrito, se puede afirmar que actualmente la articulación entre los temas de mujer y desarrollo rural es difusa, tanto en el debate, como en las intervenciones desde el Estado y desde las ONG.  Sin embargo, el resurgimiento del interés sobre el desarrollo rural, así como el avance en el proceso de descentralización puede significar una oportunidad de trabajar más sistemáticamente ambos temas. Por otra parte existe más información a partir de la realización de los censos nacionales realizados en los años 2005 y 2007 y las encuestas de hogares y en perspectiva se contará con información más precisa como la que proporcionará la encuesta sobre el uso del tiempo que se está perfilando con el instituto de estadísticas y la colaboración de algunas organizaciones de mujeres. Todo ello permitirá tener un acercamiento más preciso a la situación de las mujeres rurales.

Lima, septiembre 2009