REDR

Tras ser aprobada la Ley 27/2022, de 20 de diciembre, de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado, cuya disposición sexta establece el desarrollo de un Mecanismo Rural de Garantía (también conocido como «rural proofing»), desde REDR nos hemos propuesto analizar con «lentes rurales» la normativa aprobada desde entonces. Con ello queremos examinar si las leyes que han entrado en vigor posteriormente se han hecho desde un enfoque rural, evaluando los efectos territoriales de estas nuevas políticas sobre el medio y la sociedad rural.

El 2 de marzo de 2023 entraba en vigor la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo. La reciente normativa surgía a raíz de la Reforma 5 «Modernización de políticas activas de empleo» integrada en el Componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se daba así cumplimento al hito nº 335 del Plan, que preveía la «Entrada en vigor de la modificación de la Ley de Empleo (Real Decreto Legislativo 3/2015)».

La Ley, mucho más extensa en contenido que sus antecesoras, establece un marco moderno de la política de empleo adaptado a las nuevas realidades sociales, económicas y tecnológicas. Entre los nuevos objetivos que marca esta norma, destacan aspectos como la inclusividad y el acceso igualitario al mercado laboral, así como eliminar la discriminación hacia colectivos prioritarios e incentivar su empleabilidad. Se enfoca a su vez en la creación de empleos estables y de calidad que se adapten a las circunstancias individuales de las personas trabajadoras y en garantizar un nivel de vida digno para aquellos en busca de ocupación.

Además, en su afán por reducir el desempleo, la Ley busca incentivar la cohesión social y territorial.

Esta perspectiva territorial queda patente en los Principios rectores de la política de empleo, concretamente en el Principio de adecuación a las características del territorio, por el que se han de tener en cuenta «la realidad del mercado de trabajo, las peculiaridades locales y sectoriales y los actores socioeconómicos» en el diseño y ejecución de dichas políticas.

La Ley se extiende en esta materia en su artículo 42, donde establece que con respecto al servicio público de intermediación laboral se potenciará particularmente la suscripción de convenios para la ejecución de programas de empleo en territorios afectados por la despoblación.

Los entornos rurales en riesgo de despoblación son de igual manera priorizados en el contexto de las personas jóvenes demandantes de servicios de empleo, pues en el artículo 53 queda especificada la movilidad geográfica hacia este tipo de zonas rurales que sufren pérdida de población como una de las acciones a promover por las políticas activas de empleo.

Finalmente, en su artículo 56 la Ley enumera el Catálogo de servicios garantizados a personas demandantes de empleo, el cual incluye el «Acceso a trabajos en cualquier territorio del Estado en iguales condiciones». Este servicio contempla asimismo acciones de fijación de población en ciertos entornos.