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Tras el acuerdo político entre el Parlamento Europeo y el Consejo, del que hablábamos en el anterior post de este blog, la pelota pasa ahora al tejado de los 28 Estados Miembros que, en esta ocasión, tienen un papel muy relevante en la definición de lo que será la PAC en sus respectivos territorios en el período 2014-2020. En períodos anteriores, en general, el papel de los Estados Miembros se había limitado a decidir la política de desarrollo rural, y, en su caso, sobre los pagos acoplados.

Ahora, sin embargo, la palabra subsidiariedad se lleva hasta límites insospechados, desnaturalizando (y dejando atrás) aquella afirmación de que “la PAC es la única política verdaderamente común en la Unión Europea”. Esta afirmación ya sólo es cierta si nos fijamos en la procedencia del presupuesto (al menos en el primer pilar).

Pues bien, España es uno de los Estados Miembros que más ha batallado por poder tomar decisiones sobre la aplicación de la PAC al sur de los Pirineos, argumentando las características distintas de los sectores agrarios en los 28 Estados Miembros.

Y ahora toca mojarse. Para ello, el Ministerio ha puesto encima de la mesa un documento que lleva por título, “Reflexiones para la definición del modelo de aplicación de la nueva PAC en España” . El objetivo es que las CCAA y las OPAS se posicionen sobre la aplicación de la PAC en España, respondiendo a las 52 preguntas que incluye el documento.

Hay algunas cuestiones que merece la pena analizar al respecto. En primer lugar, el Ministerio fija tres principios “irrenunciables”, la limitación al máximo de la convergencia interna , la limitación de la  incorporación de nuevas superficies elegibles  (intentando, con las dos cuestiones anteriores, que  los agricultores, los diferentes sectores y las CCAA, sigan recibiendo la misma ayuda , y que, por lo tanto, parezca como si no hubiera habido reforma de la PAC) y que no haya transferencia de fondos del primer al segundo pilar (una obviedad, a pesar de que en el propio documento se le pregunta a las CCAA y a las OPAS sobre dicha posibilidad).

Una de las cuestiones más relevantes (y que más abiertas ha quedado) es la definición de agricultor activo. En realidad, a nivel comunitario, se han excluido como potenciales perceptores de las ayudas a los aeropuertos, compañías ferroviarias, inmobiliarias, depuradoras, campos de deporte y áreas recreativas, siempre que no sean capaces de demostrar que su actividad agraria no es insignificante. Esta lista puede ampliarse (a decisión de los Estados Miembros). El Ministerio no se posiciona en absoluto sobre esta cuestión y pide opinión a sus interlocutores (CCAA y OPAS), cuando aquí si hay una verdadera oportunidad, como mínimo, de excluir más “sectores”, que nada tienen que ver con la agricultura, concentrando los fondos en los que realmente se dedican a esta actividad.

Otro elemento de debate es la primera asignación de derechos de pago básico en los sectores del viñedo, frutas y hortalizas, patatas, y plantas ornamentales. Son sectores que, hasta el momento no recibían (salvo algunas excepciones) pago único y que, en algunos casos (cuando los agricultores no percibían pagos por otros cultivos incluidos en el régimen de pago único), no se habían incluido como superficie declarada en la PAC.

Está en cuestión si la superficie de estos cultivos que no reciba ayudas en 2013 debe o no incluirse en la asignación de derechos de pago básico. Aquí el Ministerio sí se posiciona, al haber incluido como uno de sus principios básicos el limitar la incorporación de nuevas superficies. Lógicamente, de incluirse nuevas superficies, esto repercutiría en una reducción de las ayudas que perciben los actuales perceptores. La filosofía de la reforma (al menos al principio) era que toda la superficie percibiera el pago básico, pero parece que, al menos en España, a la hora de la verdad, esto está en cuestión…

El modelo de regionalización es en España otro tema de suma importancia. El Ministerio propone utilizar la comarca agraria como “región”, y diferenciar, dentro de cada una de ellas, entre secano, regadío, cultivos permanentes, y pastos.  Puede ser un modelo interesante, pero, para poder tomar decisiones, sería necesario contar con los mapas y los cálculos en que  se ha basado el Ministerio. Es quizá el elemento más interesante de lo que será la aplicación de la PAC en España y habrá que estar atentos a en que queda todo esto y que implicaciones económicas (más o menos fondos) tiene para las CCAA, que seguro que en estos momentos están echando sus cuentas….

En cuanto a los pagos para jóvenes agricultores y para zonas con limitaciones naturales del primer pilar (este último voluntario), el Ministerio plantea claramente la posibilidad de financiarlos con fondos del segundo pilar (transferidos al primero), lo que contribuiría a salvar el escollo de la falta de fondos para cofinanciar el desarrollo rural, suponiendo, al mismo tiempo, una merma de fondos para el sector agrario y el medio rural, en su conjunto.

Finalmente, dentro del primer pilar, destacamos la posibilidad de realizar un pago adicional a las primeras hectáreas, que puede afectar a las primeras 30 hectáreas de la explotación y que puede alcanzar (por hectárea) hasta el 65% como máximo del pago medio regional. Si este pago se aplicara, se estaría dando un importante respaldo a los agricultores profesionales, de tamaño medio, para los que las ayudas PAC son imprescindibles para hacer la explotación rentable.

Y en cuanto al desarrollo rural, al que dedicaremos más espacio próximamente, basten ahora dos reflexiones.

En primer lugar, parece conveniente (teniendo en cuenta la experiencia y las demandas del sector) que coexistan un programa nacional y programas regionales (que pueden ser más o menos flexibles para que no se pierdan fondos FEADER por dificultades de gestión en alguno de ellos, pudiendo, en ese caso, trasvasarse los fondos a otro programa). No obstante, el programa nacional debería reservarse, exclusivamente, medidas que afecten, o pudieran afectar a más de una Comunidad Autónoma, o cuestiones de especial relevancia (como podría ser el regadío o las cuestiones de innovación), por lo que se debe ser muy cuidadoso con la elección de las medidas.

La segunda reflexión es sobre las medidas agroambientales. El Ministerio plantea la posibilidad de armonizarlas a nivel nacional. No parece conveniente (ni posible), pues son estas, justamente, las medidas más específicas de cada territorio, variando entre humedales, parques naturales, estepas, llanuras, etc, (incluso  dentro de cada Comunidad Autónoma), resultando un cálculo del valor de la ayuda (según el lucro cesante y la pérdida de renta que le supongan al agricultor el cumplir con los compromisos de la medida) muy distinto entre territorios. Quizá, la única susceptible de armonizarse es la producción ecológica, y ésta ya lo está a nivel comunitario….

Es todo por ahora. Lo dejamos aquí para seguir reflexionando durante el verano….