REDR

El dictamen del Consejo Económico y Social (CES) sobre el anteproyecto de la Ley de emprendedores, que se aprobó el 10 de junio, recoge literalmente, a propuesta de COAG, que "se ha de dedicar especial atención a la emprendeduría de las actividades económicas que se desarrollan en el medio rural e impulsar las medidas oportunas para acortar la distancia digital entre el medio rural y el medio urbano".

Debido a las dificultades presupuestarias de las administraciones, no se están cubriendo en su totalidad el aumento de las solicitudes de incorporación de jóvenes al campo (+79% en el último año). Además, se están produciendo retrasos en las resoluciones definitivas y en algunos casos se deben cantidades ya concedidas a los agricultores jóvenes instalados. "Ante la elevada tasa de desempleo juvenil y la ausencia de alternativas laborales en el medio rural es vital apoyar la incorporación de jóvenes al sector agrario en la Ley de emprendedores para impulsar el desarrollo económico y social de nuestros pueblos", remarcó Eduardo Navarro, representante de COAG en el CES, a lo que añadió, "además, es una gran oportunidad para emprender el necesario relevo generacional en el campo". Según datos de la Comisión Europea, sólo el 5,3% de los agricultores españoles se encuentran por debajo de los 35 años, mientras el 56,3% sobrepasaba los 55 años.

En referencia a la distancia digital entre el mundo urbano y rural, que sigue superando el 10% según datos del INE, Navarro ha apuntado que el desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación sería muy importante para fomentar actividades como la venta directa de productos agrarios: "Los últimos estudios apuntan a que de cada 12 euros gastados en un esquema de canal corto de comercialización genera 30 euros para la economía local".

A nivel general, el dictamen del CES valora positivamente las medidas que pretenden facilitar el inicio, desarrollo y consolidación de actividades económicas, aunque considera que "el objetivo de la norma es confuso y el contenido complejo y heterogéneo. Asimismo, considera "oportuno" el criterio de caja en el IVA, pero entiende que la "regulación restrictiva de la norma complica y encarece la gestión del impuesto" y "echa de menos" medidas para paliar la restricción del crédito que sufren las empresas españolas.