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Artículo de Tania Colás, publicado en HERALDO.

La despoblación en España preocupa. Tras años de análisis de la situación donde las  provincias de Teruel, Soria y Cuenca han sido reconocidas como tres de las cinco Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (en inglés Southern Sparsely Populated Areas, SSPA), junto con el condado croata de Lika-Senj y la región griega de Euritania, por tener una densidad de población por debajo de los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. 

Un informe denominado ‘Una fiscalidad diferenciada para el progreso de los territorios despoblados en España', presentado por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la red SSPA; elaborado por un grupo de expertos de la Universidad de Valladolid, coordinados por el doctor en Economía José Antonio Herce, y financiado con fondos europeos Leader, propone la creación de una política fiscal diferenciada para estas zonas.

Desde el estudio alegan que "de no implantarse de inmediato políticas y medidas especí­ficas y capaces de corregir esta situación, el desequilibrio entre el medio urbano y el rural continuará acrecentándose hasta el extremo, lo que conllevará a la inexorable perdida de una parte fundamental de los valores sociales, culturales, económicos y ambientales asociados al medio rural". Y es que la constante pérdida de población, que sufre buena parte del medio rural y que implica su paulatino envejecimiento, la perdida de tejido empresarial o la merma de servicios, ha puesto de manifi­esto, según el estudio, que "las actuales políticas de reequilibrio y cohesión territorial no son lo sufi­cientemente efi­caces como para reducir la brecha social y económica que separa al medio rural del urbano".

Por este motivo, el informe propone una reformulación de las actuales políticas de  infraestructuras y telecomunicaciones, actividad económica, servicios a la población y cultura e identidad rural, entre las que se incluye la necesidad de implantar una política fiscal diferenciada. Concretamente se propone establecer un paquete de medidas especiales destinadas a facilitar el desarrollo de las actividades empresariales como por ejemplo: deducciones o reducciones en el impuesto de sociedades para las pymes y en el IRPF para los autónomos; búsqueda de fórmulas de exención general de las tasas de precios públicos para empresas y emprendedores; e incentivos económicos a la contratación, como la bonificación de las cuotas empresariales a la Seguridad Social.

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Asimismo, el estudio que tiene en cuenta que las normativas españolas y comunitarias (con excepciones) no favorecen la discriminación fiscal por razones territoriales encuentra una solución a esta problemática si se realiza una "interpretación adecuada". Por ejemplo, tanto Canarias como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla cuentan con un régimen económico y fiscal distinto: en el primer caso, reflejado en la propia Constitución Española y en el segundo, su reconocimiento se deriva de la propia Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y de sus respectivos estatutos de autonomía.

Casos de éxito

La red SSPA está convencida de que es posible revertir esta situación, como se ha demostrado en otros lugares de Europa, como en Escocia. A pesar de que en este territorio no todas sus comarcas han llegado a los niveles de mejora deseables, "sí que se ha conseguido revitalizar su languideciente economía de base tradicional", señalan en el informe.