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Una tercera parte de las personas en situación de dependencia vive en el medio rural. Los expertos calculan que entre ellos, que suman unos 400.000, y las personas que los cuidan, la Ley de Dependencia podría alcanzar de manera directa a más de un millón de habitantes de los pueblos. Al envejecimiento propio de la población rural hay que añadir factores como rentas más bajas, menor nivel formativo y una inferior accesibilidad a los servicios sociosanitarios. Y uno decisivo, la característica forma de vida del entorno agrario. Todo ello confiere peculiaridades que requieren un tratamiento especial para implantar esta ley. Trasladar sin más los usos y costumbres urbanos puede ocasionar trastornos que, en algunos casos, ya se están notando.

Aunque la sociedad española ha cambiado en su conjunto, ciertos modelos tradicionales perviven con más intensidad en los pueblos: la casa y la familia son ámbitos impermeables que pueden sentirse vulnerados ante cualquier intervención foránea. Los trabajadores sociales, la primera puerta a la que se llama para pedir una ayuda de las que concede la Ley de Dependencia, calculan que la inmensa mayoría de ancianos en los pueblos opta por solicitar la ayuda familiar, una prestación económica que se concede por cuidar a los mayores de la casa. "Las hijas siempre lo han hecho, así que ahora ven normal seguir haciéndolo, y más si les pagan por ello. Tampoco tienen muchas opciones porque los servicios en el campo prácticamente no existen, así que alrededor de un 90% pide la paguita", calcula Pilar Serrano, trabajadora social de Tauste, un pueblo aragonés de unos 7.000 habitantes con varias pedanías.

La ley considera esta prestación, sin embargo, como algo excepcional, porque el objetivo es que no se perpetúe el modelo de la mujer que no sale a trabajar o que abandona su empleo porque tiene que atender a los ancianos. Pero esa excepcionalidad quizá tenga que ser revisada en el ámbito rural. "La pensión de los abuelos es un gran soporte económico en los pueblos. Si a eso se suma otra ayuda económica y la preferencia de las familias por este modelo, quizá haya que dejarlo estar", explica Gustavo García Herrero, autor de un manual sobre la Ley de Dependencia y su aplicación en los medios rurales. Pero inmediatamente advierte que "habrá que dotar de calidad esos empleos de cuidadores. ¿Cómo? Vinculando la ayuda a domicilio que prestan los profesionales con la formación y la supervisión. Que enseñen a los familiares cómo afrontar y cuidar, por ejemplo, un alzhéimer. Que reciban un dinero adecuado y apoyo emocional, que muchas veces es necesario. Además, la visita de estos profesionales debe servir también para supervisar esos cuidados, algo que aún no se está haciendo", añade.

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