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Artículo de María Martín, publicado en El País.

En la fábrica de embutidos La Hoguera hace dos años que buscan trabajadores que manejen con habilidad el cuchillo. En el departamento de recursos humanos de Cartonajes Izquierdo dan por imposible cubrir el puesto de encargado de mantenimiento. También el de informático. En el grupo de logística Molinero se contratarían ahora mismo 150 conductores. Y carretilleros. Y auxiliares administrativos. Y gente que hable idiomas... Soria, la provincia más deshabitada de España y una de las más vacías de Europa, busca mano de obra y no la encuentra. Los empresarios quieren traer extranjeros, pero los trámites exigidos por ley dificultan la contratación. Aún más si están en situación irregular.

Teo Martínez pasea orgulloso con su bata blanca por las salas de frío de La Hoguera en las que se curan dos millones de chorizos al año. Su fábrica de embutidos, que resiste en San Pedro Manrique, un pueblo de 600 habitantes, difícilmente habría sobrevivido sin trabajadores como Abderrazak o Desislava. Ganan unos 1.100 euros netos al mes y viven en el pueblo con sus familias. "Sin ellos tendríamos que habernos ido a la ciudad y es justo lo que no queremos. Nuestro objetivo es desarrollar el mundo rural", afirma Martínez. Esta empresa familiar de 96 trabajadores tiene en nómina un 46% de extranjeros. "Creo que falta información, me niego a aceptar que con el desempleo que hay [14%], no haya españoles que quieran trabajar aquí", defiende a su lado su mujer, Alba Abelleiro, directora de Recursos Humanos de la empresa.

 "La falta de personal nunca ha sido tan alarmante", advierte el presidente de la Cámara de Comercio de Soria Alberto Santamaría. La institución ha pedido ayuda a la Secretaría de Estado de Migraciones. Calculan que en tres años necesitarán 1.700 trabajadores y temen que algunas de sus empresas cierren o suspendan sus planes de expansión. Los empresarios plantearon una propuesta de difícil concesión: regularizar con contratos de trabajo a los inmigrantes que ya viven en España. "Son un activo y estaríamos resolviendo dos problemas: sacarlos de la clandestinidad y superar nuestro déficit de personal", defiende Santamaría. Pero la ley obliga a los inmigrantes sin papeles a vivir sin permiso de residencia y de trabajo un mínimo de tres años antes de que puedan regularizarse, aunque les ofrezcan un empleo. El Ejecutivo socialista, además, no es partidario de "premiar" la irregularidad.

Soria (88.600 habitantes) presume de calidad de vida y conciliación familiar. Sus vecinos comen en casa y no en un táper en la oficina y llevan a los niños andando al cole. El índice de paro ronda el 8%, pero sus jóvenes se marchan a estudiar y trabajar fuera. Faltan carreteras, fibra óptica, viviendas, un tren, inversión y un plan de futuro. Otra pista sobre las oportunidades que ofrece Soria es que es la segunda provincia de España con menos inmigrantes. No es sencillo atraer aquí a un trabajador con su familia. El sistema tampoco lo pone fácil.

La responsable de personal de La Hoguera colecciona anécdotas de sus últimas entrevistas para seleccionar personal a través del servicio público de empleo de cada comunidad autónoma. "La mayoría de los trabajadores que aparecen no están interesados y los filtros fallan. Hemos llegado a pedir un peón chacinero y nos han enviado una secretaria de una fábrica de galletas", lamenta Abelleiro. "En otra selección, de 46 candidatos solo dos querían el puesto. Uno era un presidiario con horarios incompatibles y el otro se puso a insultar a su mujer nada más sentarse en la silla", recuerda. La oficina pública de empleo, en teoría, identifica candidatos idóneos entre los desempleados de todo el país y hasta de la UE, pero en la práctica, se quejan los empresarios, el sistema no funciona. "Es una pérdida de tiempo. A mí se me cae el alma a los pies cada vez que acudo a él", asegura Pilar Fernández, de Cartonajes Izquierdo.

Recurrir al servicio público, por otro lado, es obligatorio para poder buscar trabajadores en otro país no comunitario: el empresario necesita un certificado que demuestre que no hay españoles o extranjeros con residencia legal en España adecuados para el puesto. Aun localizando al candidato, a miles de kilómetros de distancia, el proceso de contratación puede tardar más de seis meses. Hay otra estrecha vía para contratar extranjeros en sus países a través del Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura gracias al que se consigue traer sin tanta burocracia a, por ejemplo, jugadores o entrenadores de fútbol. Pero con esta fórmula, según datos oficiales, apenas se ha contratado este año a 34 trabajadores en toda España.

Falta de médicos

El problema de la falta de personal también afecta al sistema de salud. En los próximos dos años serán necesarios unos 13 doctores, desde ginecólogos a pediatras, según la lista elaborada por Luis Lázaro, el responsable de recursos humanos de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria. "Siempre ha habido necesidad, llevo 30 años buscando anestesistas", ilustra. Lázaro tiene a algunos de sus candidatos muy cerca, pero no puede contratarlos.

José Noguera y Henry Salinas son dos médicos venezolanos con más de 20 años de carrera que se declaran enamorados de Soria. "Encontramos aquí la serenidad que necesitábamos", asegura Noguera. Sus especialidades, neonatología y medicina intensiva, aparecen en la lista de Lázaro, pero aunque son solicitantes de asilo y tienen derecho a trabajar, esperan desde hace 18 meses que el Ministerio de Ciencia y Tecnología homologue sus títulos. Es el plazo habitual para otras profesiones, aunque el caso de los médicos debería ser más rápido, según el Ministerio. "Son canales que hay que cumplir y entiendo que hay que esperar. Pero ya se me está haciendo largo", dice el doctor Noguera sin que parezca una queja.

MEJORAR LAS CONDICIONES PARA ATRAER TRABAJADORES

Soria no es la única región que pide trabajadores. En Granada los agricultores lamentan la dificultad para encontrar "mano de obra legal"; en Cantabria, los hosteleros quieren formar camareros en Perú porque aseguran que aquí no hay interesados en servir mesas; los empresarios del transporte de mercancía y pasajeros llevan años con la misma queja... "Los servicios públicos de empleo de algunas comunidades afirman que las ofertas contienen, a veces, horarios y salarios difíciles de aceptar. Mejorando las condiciones seguro que se cubrirían", advierten fuentes del Ministerio de Trabajo. "Hay que analizar por qué ocurre esto a pesar del desempleo. La oferta de FP no responde a la demanda, pero también se ha producido un abaratamiento de la mano de obra", explica la secretaria de Empleo y Migraciones de CC OO, Lola Santillana.

El caso de Soria expone el desafío de fomentar la inmigración regular, una promesa electoral del PSOE al PP, pasando por Cs. La España que en foros internacionales defiende flujos ordenados y legales no tiene un modelo que los promueva. "La cuestión no es cómo formalizar la inmigración cualificada, que es relativamente fácil, sino cómo se atienden las demandas de trabajadores no tan cualificados y qué se hace con la migración irregular, cualificada o no, que viene a España para trabajar", plantea Ramón Mahía, profesor de economía aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid. "Sobre el papel, nuestro diseño no es malo, pero la realidad se resiste a encajarse en ese marco", considera el experto.