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Artículo de Javier Esparcia, publicado en El Diario Rural.

La despoblación en las áreas rurales es el resultado de la combinación de la emigración y, sobre todo, de los crecientes saldos vegetativos negativos, con la reducción de los nacimientos y el aumento de la mortalidad, por el envejecimiento cada vez más elevado de la población residente. En España, la inmigración es el principal elemento de compensación de la baja natalidad. Las cifras oficiales indican que, después de años con saldos migratorios negativos derivados del impacto de la crisis económica, desde 2016 España presenta saldos positivos (0,33 millones de hb. en 2018), debido, en gran parte, a la recuperación de la creación de empleo tras la crisis y, en menor medida, reagupación familiar. Las diferentes proyecciones, aunque con algunas divergencias en los supuestos de partida y los volúmenes globales previstos (INE, Banco de España) coinciden en señalar que tales tendencias se van a mantener en las próximas décadas. Así por ejemplo, España ganaría casi 3,4 millones de inmigrantes hasta 2033, situándose el mayor incremento en los próximos años (1,3 millones hasta 2022).

La inmigración exterior habría de constituir, por tanto, una ventana de oportunidad para la debilitada estructura demográfica española. En este contexto, es muy probable que para frenar la despoblación rural se deban considerar seriamente los flujos migratorios (sobre todo los exteriores, pero también los interiores). El margen de actuación es, sin embargo, limitado, porque los inmigrantes tienden a localizarse donde mayor es la oferta de empleo (construcción, agricultura intensiva, servicio doméstico, turismo y ocio, etc.), es decir, áreas urbanas, ciudades intermedias o de vocación turística y, solo en una muy baja proporción, en áreas rurales desfavorecidas.

Teniendo en cuenta su origen, la inmigración que en mayor medida ha estado dispuesta a fijar su residencia en áreas rurales es la proveniente de Europa del Este (donde los rumanos suponen un 14% de los residentes extranjeros), América Latina (14%) y Norte de África (suponiendo el colectivo marroquí un 15%). Otros colectivos, como británicos (6%) y alemanes (5%) son principalmente población jubilada o con actividades ligadas a servicios terciarios, alejados por tanto de las áreas rurales desfavorecidas.

La crisis económica también afectó negativamente a los flujos migratorios interprovinciales y a su composición. Estos se han reducido en más de una tercera parte desde 2008 y, además, ha aumentado significativamente la proporción de población nacional (casi el 80% en 2018, frente al 66% en 2008); es decir, la población extranjera que participa en estos flujos ha disminuido tanto en valores absolutos como relativos. Así, colectivos caracterizados tradicionalmente por una elevada movilidad, como latinoamericanos o norteafricanos - principalmente marroquíes-, tienen ahora un peso comparado mucho menor en los flujos interiores (7% de los flujos, frente al 12% en 2008, en el caso de los latinoamericanos, y 6%, frente al 10% en el de los norteafricanos). Adicionalmente, una parte destacada de los flujos interprovinciales en los que participan estos colectivos tienen como origen provincias con una importante componente rural. Por tanto, ello añade más dificultades para las posibles estrategias de fijación de población inmigrante en las áreas rurales desfavorecidas.

Por tanto, cabe concluir que aunque son positivas las perspectivas para los flujos migratorios externos como interprovinciales, y que estén y continúen compensando globalmente la baja natalidad en el conjunto del país, los efectos sobre las áreas rurales desfavorecidas son limitados, y lo continuarán siendo en ausencia de medidas activas importantes, dada su localización preferente en áreas urbanas y turísticas. En consecuencia, el reto de la acción pública es hacer atractiva la residencia en áreas rurales, aprovechando tanto los flujos interprovinciales como, en su caso, la inmigración externa.

Sin embargo, hasta la fecha y a falta de las medidas que puedan ponerse en marcha en el marco, sobre todo, de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico (en particular las referidas a la integración social de los inmigrantes en las comunidades rurales), esta acción pública está resultando muy insuficiente, y las iniciativas de relativo éxito provienen, en el mejor de los casos, de la acción concertada público-privada, cuando no exclusivamente de la propia sociedad civil.

La inmigración, parte de la solución, pero «no la solución»

No cabe duda que la inmigración (extranjera o nacional) puede constituir la base sobre la que se articulen estrategias locales de lucha contra la despoblación, pero tampoco hay duda de que no constituye la solución definitiva a un problema estructural que afecta a una parte tan importante de las áreas rurales españolas. Hay esperanzas depositadas en que desde la Estrategia Nacional se sea capaz de articular respuestas más integrales y coherentes, que permitan superar la fase de acciones individuales aisladas.

Pese a todo lo anterior, siguen sin resolverse, ni abordarse con la necesaria valentía, las dificultades de viabilidad y sostenibilidad económica, social y demográfica del eslabón más débil del sistema de poblamiento, una buena parte de los núcleos de menor tamaño, como acertadamente han señalado algunos expertos (Eduardo Moyano en El Diario Rural). Esas dificultades confluyen con el derecho de los residentes a recibir las prestaciones y servicios públicos en condiciones equiparables al resto del territorio. Ello nos sitúa ante el muy controvertido tema de las políticas públicas frente al despoblamiento. Este se abordará más adelante.