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La necesidad de una legislación específica para el medio rural, la urgencia de una agenda económica, la relación ciudad-pueblo y las distintas iniciativas novedosas desde Diputaciones y Comunidades Autónomas en la lucha contra la despoblación han centrado la última parte del II Congreso Nacional de Despoblación, celebrado en Huesca. La cita ha acogido durante dos jornadas a expertos de toda España, quienes han asistido a las diferentes mesas y talleres para conocer las propuestas y el trabajo que se está llevando a cabo desde distintos ámbitos para frenar la pérdida de población en el ámbito rural.

Las sesiones han acogido a cerca de 400 personas en el auditorio del Palacio de Congresos de Huesca y además han contado con un seguimiento en streaming de más de 400 conexiones durante los dos días, con una media de visionado de 23 minutos. El Congreso, organizado por la Diputación Provincial de Huesca y la Federación Española de Municipios y Provincias, ha conseguido visibilizar un problema que afecta no sólo al ámbito rural, sino a toda la sociedad y ha sentado las bases para que tanto la FEMP como los organismos locales puedan seguir trabajando para lograr que se concreten acciones para acabar con la sangría demográfica.

Así en la mesa redonda "Propuestas legislativas Ad Hoc-normativa" se ha defendido la importancia fundamental de contar con una legislación específica para el medio rural y elaborada contando con las administraciones locales. Como ha señalado el director de la mesa, Francisco Boya, presidente de EsMontañas, "es un camino que debemos explorar porque efectivamente una escuela o empresa en los pequeños pueblos no cuadra con los parámetros de las ciudades".

En esta línea, Carmela Silva, presidenta de la Diputación Provincial de Pontevedra, ha pedido, con ejemplos como la educación o la fiscalidad, que "toda la legislación tenga una mirada trasversal en el mundo rural". Silva ha detallado que esta legislación contra la despoblación debe comenzar por la UE, demandando que se incluya como una línea estratégica para 2020 y creando sinergias con otros países. Igualmente se debe "exigir ya al Estado español una estrategia con objetivos claramente delimitados", mejorando y ampliando la actual Ley de Desarrollo Sostenible Medio Rural de 2007.

En representación del nivel autonómico, Antoni Such, director general de Administración Local de la Generalitat Valenciana, ha señalado que se pretende aprobar antes de un año un proyecto de ley antidespoblación con medidas fiscales en la Comunidad Valenciana (exención de tasas, deducciones en el tramo autonómico renta), un régimen urbanístico simplificado o un estatuto de los municipios. En suma un paquete global con "estrategias destinadas al desarrollo de áreas en conjunto", atendiendo a los problemas concretos de cada lugar y basado también en flexibilizar las ratios en los recursos sociales.

Finalmente Judit Flórez, directora general de Servicios Jurídicos y Coordinación Territorial de la FEMP ha señalado que el propio Parlamento Europeo ha reconocido que el poyo a las zonas poco pobladas y de montaña ha sido insuficiente y España "no ha sabido negociar", y así es necesario "auditar y armonizar directivas y reglamentos", por ejemplo con la diferencia de trato en la venta directa de productos agrícolas entre Francia y España.

La relación entre el medio urbano y el rural

La compleja relación entre el medio urbano y el medio rural ha sido tema de debate de la primera mesa del viernes, coordinada por Jaime Izquierdo, experto en Desarrollo Rural. Para Izquierdo, el país no se mueve sólo gracias al dinamismo urbano, sino que "el país son ciudades y pueblos". Por ello, ha abogado por rediseñar las relaciones de futuro entre el medio rural y urbano. Luis Antonio Sáez, investigador asociado del CEDDAR y profesor de la Universidad de Zaragoza, reclama un análisis interdisciplinar, además del fomento del arraigo que genera capital social en el medio rural.

José Luis Gurría, catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Extremadura, ha explicado el caso de su comunidad que ha logrado desde finales de 1980 estabilizar el número de habitantes del medio rural. "Extremadura es un ejemplo de buena práctica rural. Es la región con mayor población rural asentada". Ello ha sido posible a los programas de desarrollo rural de la UE y al importante papel que han desempeñado las ciudades en este proceso, ya que han ofertado para sus habitantes y para los del entorno rural equipamientos y servicios.

Aurelio García Bermúdez, presidente de la Red Española de Desarrollo Rural, remarcó que ahora que el tema de la despoblación está en la agenda política del Gobierno "necesitamos que haya una agenda económica". El presidente de la Red Española de Desarrollo Rural reclamó una fiscalidad distinta para el medio rural. Advirtió, además, de que el objetivo de las ayudas de la PAC es fijar población en el medio rural y "donde más PAC se cobra es en el barrio Salamanca de Madrid", en donde residen grandes propietarios de hectáreas de terreno.

El presidente de la Red Española de Desarrollo Rural (REDR) participó en la segunda jornada del congreso, en una mesa redonda centrada en la dicotomía entre lo rural y lo urbano. En declaraciones a Sara Cerro, responsable de comunicación de la Red Aragonesa de Desarrollo Rural, Aurelio García se mostraba "enfadado" con las "oportunidades perdidas" con algunas leyes que "han acabado en un cajón", haciendo referencia a la Ley de Desarrollo Rural Sostenible, que a su juicio habría permitido trabajar por los pueblos y por las ciudades, no solo por estas últimas.

También ponía el ejemplo del actual periodo Leader. Para Aurelio García, si se hubiera permitido trabajar todos los fondos desde un marco estratégico común, compartiendo experiencias entre lo rural y lo urbano, y con un sistema de gobernanza "de abajo a arriba", se podría haber trabajado por fin con una visión de territorio. Y recordaba que solo Aragón lo aprobó en su Parlamento, "pero luego llegó el Gobierno y dijo que no".

En este sentido, se mostraba esperanzado con que, en el siguiente periodo, a partir de 2020, se pueda hacer una estrategia común entre ciudades y pueblos porque, avisaba, "sino nosotros nos saldremos de las reglas del juego".

Finalmente, Iratxe Bolaños, psicóloga rural, ha explicado que su trabajo pretende "intentar dar voz y dignidad a la gente que vive en los pueblos". "Hay que facilitar que podamos vivir donde queramos", en su opinión.

Presupuestos públicos y despoblación

 La mesa redonda "Presupuestos públicos y despoblación. El papel de las administraciones locales en la lucha contra la despoblación" ha servido para presentar distintas iniciativas novedosas desde Diputaciones y Comunidades Autónomas, además de reinvindicar el papel gestor de Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales. El director de la mesa, Ignacio Molina, profesor de Geografía de la Universidad de Valladolid, ha destacado que la Administración local ha sido la gran perjudicada de la crisis y los recortes "a la que se ha recortado más y de manera más evidente"  y especialmente en los ayuntamientos menores de 5.000 habitantes, pese a que aquí se encuentra la mayor parte de los municipios sin deuda viva "y se merecen una financiación acorde a su capacidad de gestionar".

Javier Moliner, presidente de la Diputación Provincial de Castellón, ha comenzado el turno de los ponentes apostando por "elevar la voz ante la Unión Europea, que ahora es la única generadora de fondos" y ha explicado la labor de lobby desarrollada "no para conseguir más fondos, sino para hacer ver la operatividad de las Diputaciones a la hora de gestionarlos", por su conocimiento del territorio y su mejor capacidad de llegar de forma capilar y cofinanciar.

Además, el director general de Ordenación del Territorio del Gobierno de Aragón, Joaquín Palacín, ha presentado en su intervención la Directriz Especial de Política Demográfica y contra la Despoblación del Gobierno de Aragón. Este documento, actualmente en exposición pública, y que se espera aprobar en octubre para que los presupuestos de 2018 destinen partidas, recoge 370 propuestas concretas surgidas "de un proceso muy participativo, que todo el territorio pueda hacer suyo para luchar contra este problema durante los próximos 8-10 años"

Estíbaliz García, jefa de Gabinete de la Diputación Provincial de Albacete, ha rechazado propuestas como la fusión de municipios que plantean normas como la Ley de Racionalización de la Administración Local, por lo que ha defendido que en el próximo Congreso participen representantes de las grandes ciudades "para que conozcan la realidad del mundo rural y llegar a acuerdos".  Además la ponente ha presentado el proyecto Mesa de Desarrollo Rural que ha propuesto la Diputación Provincial de Albacete, donde participan los distintos grupos de desarrollo rural de la provincia para que prioricen dónde deben ir las inversiones de la Diputación, no solo en obras y servicios sino en todas las áreas de su presupuesto.

La clausura  ha contado con Juan Ávila, Secretario de la FEMP, quien ha extendido sus "sinceros y emotivos agradecimientos" a la Diputación de Huesca por la organización, a todos los ponentes "y más importante a todos los hombres y mujeres asistentes, porque los protagonistas de este Congreso y de la lucha contra la despoblación sois quienes vivís en el medio rural y tenéis responsabilidades políticas o sociales".

Cerrando el acto, Antonio Román, alcalde de Guadalajara y representante de la FEMP en el Comisionado frente al Reto Demográfico, ha señalado su compromiso de llevar las conclusiones del Congreso a este organismo "y por lo menos ofrecer oportunidades para que cada persona resida en el ámbito que desee y quien lo haga en el medio rural tenga las mismas oportunidades".

Román ha considerado que se trata de un "reto difícil" y que habrá que estudiar opciones para "usar los recursos con eficacia" y ha apuntado claves como la necesidad de incentivos y discriminaciones positivas; una política global que se ocupe de retos como el envejecimiento; y, finalmente, "seguir trabajando en una descentralización efectiva y financiada de las competencias que tenemos que ejercer los Ayuntamientos y Diputaciones, tanto frente al Gobierno central como las Comunidades Autónomas".