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El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha aprobó este jueves por unanimidad la Ley de Despoblación, la vigésimo primera norma que ve la luz en esta X Legislatura y «pionera» en España. El texto recibió el apoyo unánime de los 33 diputados y diputadas en una sesión presidida por Pablo Bellido en la que también salieron adelante dos resoluciones sobre armonización fiscal y otra más sobre la defensa de la separación de poderes del Estado.

El Proyecto de «Ley de medidas económicas, sociales y tributarias frente a la despoblación y para el desarrollo del medio rural en Castilla-La Mancha» llegaba al salón de plenos después de su paso por la Comisión de Asuntos Generales la semana pasada, donde incorporó 54 enmiendas, y ayer fue defendido desde el estrado por el vicepresidente del Gobierno regional, José Luis Martínez-Guijarro. La diputada socialista María Jesús Merino, que durante más de un año presidió también la comisión de estudio sobre el tema, fue a su vez la ponente, destacando el carácter pionero de la normativa que vio la luz en la cámara autonómica.

La Ley de Despoblación tiene como objeto «regular y establecer principios de actuación y medidas tendentes a la consecución de un desarrollo integral del medio rural, prestando especial atención a la lucha frente a la despoblación, así como a garantizar servicios básicos e igualdad de oportunidades para sus habitantes y propiciar el desarrollo económico y social del medio rural para alcanzar la cohesión social y territorial, en el marco de una cultura de igualdad entre mujeres y hombres que garantice el desarrollo sostenible», según recoge el primer artículo.

La sesión se había abierto con la ratificación de diputados y diputadas designados por el Grupo de Ciudadanos para la formación de la Diputación Permanente: Carmen Picazo y David Muñoz como titulares y Elena Jaime como suplente. Además, se rechazó la proposición no de ley (PNL) de Ciudadanos relativa a desarrollar una Estrategia de apoyo al sector agrario y a la industria alimentaria ante la pandemia, punto en el que intervino el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo.

Además, se desarrollaron dos debates generales a propuesta de los grupos de Ciudadanos y Popular, en los que fueron aprobadas tres resoluciones, dos socialistas y otra de Cs. El debate relacionado con la incidencia para la región de la propuesta de armonización fiscal anunciada por el Gobierno, que contó con la participación del consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina.

Los dos textos aprobados tras el debate de fiscalidad piden una vez más al Gobierno de España, entre otros aspectos, que abra un proceso de negociación «para establecer un sistema de financiación justo y solidario para todas las comunidades autónomas» con «criterios técnicos», con atención a los «parámetros de despoblación y dispersión geográfica» de Castilla-La Mancha y que «garantice el principio de igualdad en toda España en el acceso a los servicios públicos esenciales». En su texto, los socialistas solicitan «unidad de criterios» a los partidos con representación en el Convento de San Gil de Toledo para «conseguir un sistema de financiación justo para Castilla-La Mancha».

La resolución del PSOE, aprobada solo con sus votos, valora como «gran acierto» la política fiscal y económica del Gobierno regional, insta a mantener el criterio por el cual «las rentas más altas hagan un esfuerzo mayor que los ciudadanos con rentas más bajas» y destaca el esfuerzo del conjunto de la sociedad castellanomanchega para «volver a tener unos servicios públicos de calidad, reforzados ante los duros momentos de pandemia que estamos padeciendo». Además, pide al Ejecutivo que «mantenga el compromiso adquirido con los agentes sociales de no incrementar la presión fiscal».

Mientras, la resolución de Cs, aprobada también con los votos del PSOE, pide que el sistema de financiación autonómico sea debatido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y en las Cortes Generales, y manifiesta su «rechazo a cualquier iniciativa legislativa que reduzca la autonomía financiera de las comunidades autónomas para aumentar la carga fiscal de los ciudadanos y las empresas».