REDR

El Gobierno pone en marcha esta semana un plan de choque para ayudar al sector agrario. La medida parte del compromiso que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, asumió con las organizaciones agrarias Asaja, UPA, COAG y las Cooperativas Agroalimentarias el pasado 29 de diciembre. El objetivo del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural es que los primeros compromisos del plan estén listos a finales de mes. Mañana los responsables del departamento se reunirán con organizaciones agrarias y cooperativas para analizar el desarrollo del plan, así como para informar sobre el contenido del próximo Consejo de Ministros comunitario.

Uno de los ejes del plan radica en el diseño de la refinanciación de la deuda del sector -unos 23.000 millones- y las moratorias para los préstamos concedidos a través del Instituto de Crédito Oficial. Desde el ministerio se indica que en este punto no habrá problemas presupuestarios. Las negociaciones sobre fiscalidad, IVA y módulos a efectos de determinar las rentas seguirán su desarrollo en una mesa constituida para ello.

El plan tendrá una respuesta rápida a la demanda de las organizaciones agrarias de disponer de una cobertura de reaseguro para las exportaciones, ante el riesgo de impago en las ventas al exterior en sectores como el vino, el aceite, las frutas o las hortalizas. Ésta es una de las causas de la caída de las exportaciones. En 2009, las exportaciones de frutas y hortalizas cayeron un 3% en volumen hasta 9,1 millones de toneladas y un 4% en valor hasta 7.800 millones.

Tarifas eléctricas

Otro de los compromisos de Zapatero fue implicar al Ministerio de Industria para analizar la nueva situación de las tarifas eléctricas de los regadíos. El sector agrario disfrutó tradicionalmente de tarifas especiales. Pero éstas ya no existen. Ahora han sido sustituidas por medidas compensatorias como contratos de temporada o precios más bajos en las horas de menos demanda eléctrica. Sin embargo, estas medidas no han evitado que el recibo suba un 60%, según el sector.

Por último, el plan debe dar salida a las demandas del sector de más transparencia en la cadena alimentaria, para que el productor tenga una mayor participación en los precios finales que paga el consumidor.