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El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha horizontes 2020 y 2030, que es una revisión de la estrategia regional de 2010 de modo que se adaptan los compromisos y contenidos a los nuevos periodos marcados por España en función de su pertenencia a la Unión Europea.

El Diario Oficial de la Región ha publicado este martes la orden de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural con la aprobación de esta estrategia, que entrará en vigor mañana, miércoles, y que se podrá consultar en el Portal de Transparencia del Gobierno de Castilla-La Mancha (http://transparencia.castillalamancha.es/) y en la dirección web de la Consejería.

Asimismo, la Consejería ha publicado el decreto con la composición, funciones y régimen de funcionamiento del Consejo Asesor de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha. que tendrá una representación equilibrada de mujeres y hombres y que deroga las normativas anteriores, de 2012 y 2005.

Vocalías

En el nuevo decreto, que entrará en vigor en veinte días, las vocalías se distribuyen de la siguiente forma: seis corresponden a titulares de órganos de la Consejería, una en representación de la Oficina de Cambio Climático, otra del Instituto de la Mujer, cuatro de asociaciones de defensa de la naturaleza, una del sector de la caza, una de consumidores y usuarios, tres de organizaciones profesionales agrarias y una de cooperativas agroalimentarias.

Además, habrá dos vocales en representación de la patronal Cecam y otros dos de los sindicatos más representativos en la región, uno de la Confederación de Asociaciones de Vecinos, uno de la Federación de Municipios y Provincias y otros del ámbito universitario (uno de la Universidad de Castilla-La Mancha y otro de la Universidad de Alcalá de Henares).

Los restantes miembros del Consejo son el titular de la Consejería en materia de medio ambiente (que será el presidente), dos vicepresidentes (de las áreas de calidad ambiental y gestión forestal), un representante de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, un funcionario de la Consejería (que ejercerá de secretario) y los expertos que la Presidencia proponga invitar a las reuniones, que no tendrán derecho a voto.