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Artículo de Javier Millán, publicado en Diario de Teruel.

El Estado vincula la necesaria cohesión territorial que acabe con las desigualdades entre las zonas rurales y urbanas con los avances de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, en cuyo informe de este año reconoce el trabajo hecho en Aragón para la consolidación de servicios públicos en las zonas rurales, a la vez que valora el establecimiento de una fiscalidad diferenciada y la aprobación de la Ley de Dinamización del Medio Rural. El Informe de Progreso 2023 de la Estrategia de Desarrollo Sostenible vincula las políticas de lucha contra la despoblación y el reto demográfico con la importancia del medio rural para alcanzar los objetivos del 2030. Incide en la necesidad de seguir implementando el Plan de medidas frente al reto demográfico y en el impulso de la transición ecológica como motor de desarrollo de estos territorios.

El informe, publicado el pasado verano, dedica varios de sus apartados a la cuestión de la cohesión territorial y de la lucha contra la despoblación, a la vez que analiza en cada comunidad autónoma los pasos que se han dado en esta materia.

El documento repasa los avances que se han dado durante el último año para impulsar políticas transformadoras que cumplan con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, y fija su mirada en el medio rural como clave para alcanzarlos, asumiendo la gravedad que representa el problema demográfico en el país.

Apunta en este sentido que las dinámicas demográficas de gran parte de España hacen que los desafíos que se apuntaron en la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 y en el posterior Plan de 130 medidas contra el Reto Demográfico, "siguen vigentes". Precisa que aunque los últimos datos sobre saldo migratorios entre provincias "apuntan hacia dinámicas de repoblación de algunos espacios rurales", vinculados a las nuevas tecnologías y al escenario posterior a la pandemia de la covid, "no parecen suficientes para corregir las tendencias existentes en las pirámides de población".

Repoblación

Sobre esta cuestión considera que la repoblación tenderá, a la vista del comportamiento actual, a realizarse en los territorios próximos a las grandes concentraciones urbanas. En este sentido, el documento señala que "las tendencias actuales muestran que las posibles dinámicas de repoblación se producirán principalmente a través de un aumento del área de influencia de las grandes metrópolis".

Ese proceso se producirá siempre que se estabilicen las tendencias del teletrabajo, precisa, y a través de una "reactivación neorrural de algunos espacios de alto valor ecológico, como los que aparecen en la franja pirenaica o el sistema central".

Añade que la prospectiva actual remite a un enfoque de los principales retos a enfrentar, puesto que en el medio rural la tasa de dependencia de mayores es elevada, "siendo necesario revertir la merma de calidad y acceso a los servicios básicos en algunos territorios".

Apunta en este sentido que el reto demográfico "va a poner a prueba la robustez del Estado de Bienestar, poniendo de relieve la importancia de generar políticas públicas que creen oportunidades de atracción en el plano social, económico y cultural en las áreas con problemas de despoblación". Todo ello, precisa, para "incentivar la permanencia, el retorno o incluso la llegada de nueva población no vinculada inicialmente al territorio".

De esa forma, el informe señala que podrá afrontarse el problema desde una "perspectiva coherente con la propia Agenda 2030" y los importantes desafíos demográficos que tiene el país.

Política aceleradora

El documento repasa la política aceleradora que se ha impulsado en esta materia para hacer un medio rural con iguales derechos y oportunidades que las zonas urbanas a través de políticas de cohesión social y territorial. Recuerda que la principal política implementada ha sido el Plan de medidas ante el Reto Demográfico, con 130 medidas alineadas con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y un gasto comprometido previsto para el periodo 2021-2023 de 13.351 millones de euros, mediante un programa transversal para la transformación estructural del medio rural y de los pequeños municipios.

Entre los programas destaca el fomento que se está haciendo a las inversiones verdes para la mejora de la eficiencia energética de edificios y el desarrollo de equipamientos e infraestructuras para la sostenibilidad y la eficiencia energética. Destaca además el programa DUS 5.000 por el apoyo a proyectos de autoconsumo, mejora de eficiencia energética, alumbrado público, climatización renovable y movilidad sostenible.

Asimismo, incide en las políticas de apoyo a la bioeconomía rural, y el eje número dos del Plan de Medidas, enfocado a la transición digital y la plena conectividad del territorio, junto con el plan de digitalización del sector agroalimentario y del medio rural. Recalca lo que ha sido el Programa de Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión (UNICO), y el despliegue del 5G para reducir la brecha digital.

Desarrollo e innovación

Valora también los programas impulsados para el desarrollo, innovación y turismo sostenible en el medio rural, para favorecer el emprendimiento y la actividad empresarial, junto a las políticas de eliminación de las brechas de género y refuerzo de los servicios públicos y la descentralización.

Destaca sobre esta última política pública la descentralización que se ha hecho desde la Administración central de nuevos organismos públicos, como es el caso del centro de competencias digitales de Renfe en Teruel, a la vez que se han llevado otros a diferentes localidades de la España interior.

El Estado argumenta en su informe que estás políticas aceleradoras están dando nuevas oportunidades al medio rural al potenciar estos territorios.

En el nuevo acuerdo que han firmado el PSOE y Sumar para impulsar el desarrollo de las zonas rurales se incluye el compromiso de actualizar esa estrategia nacional frente al reto demográfico, a la vez que el plan de medidas, para lo cual asumen el compromiso de fortalecer las políticas de lucha contra la despoblación para los territorios más vulnerables.