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El director del Comisionado del Gobierno para el Reto Demográfico, Ignacio Molina, considera que «la despoblación necesita un acuerdo de Estado».

Entrevista de Óscar Fraile, publicada en eldíadevalladolid.com

Dice Ignacio Molina que afrontar el reto demográfico es la mejor herramienta para la cohesión de los territorios. Este vallisoletano es el director del Comisionado del Gobierno frente al Reto Democrático desde verano de 2018, una materia que, tal y como prometió Pedro Sánchez, contará con ministerio propio en la nueva legislatura.

En el caso de la provincia de Valladolid, hay dos causas. Una es el envejecimiento de la población, sobre todo en los municipios rurales, donde están teniendo crecimientos vegetativos negativos que restan población al conjunto de la provincia. Pero también se está produciendo una salida de población, no solo desde el medio rural, también desde el área urbana, hacia otras zonas, especialmente Madrid, por su proximidad. Lo que sucede con este segundo grupo tiene que ver con las condiciones del territorio y la posibilidad de desarrollar proyectos personales y profesionales.

Se repiten en todos los territorios, aunque con intensidades diversas. En el caso de Castilla y León, son muy intensos los dos procesos. Por ejemplo, las provincias Castilla-La Mancha se encuentran en una situación muy parecida, salvo aquellas zonas tan limítrofes con Madrid que se ven beneficiadas de la llegada de población. Hablo del Corredor del Henares o el límite con Toledo. En el caso de Aragón, Zaragoza tiene capacidad de atracción, pero el resto del territorio también pierde por salida de población hacia las áreas urbanas y por crecimiento vegetativo negativo.

Son muy diversas para cada uno de los territorios. En primer lugar, generar condiciones de calidad de vida y de desarrollo económico en todos los territorios, en función de las condiciones de cada uno de ellos. Hay que garantizar la prestación de servicios básicos de calidad, que es un tema preocupante en Castilla y León. A partir de ahí, es importante que las personas sepan que tendrán garantizado un acceso básico y de calidad y que van a poder poner en marcha proyectos de desarrollo socioeconómico. Esto conlleva tiempo, esfuerzo e inversión. En el caso del envejecimiento, la longevidad es un éxito de nuestra sociedad, y lo que hay que hacer es cuidar a nuestros mayores, pero hay que ir poco a poco asegurando que la natalidad deseada se acerca a la natalidad real, porque en España hay una diferencia entre los hijos que se desean tener y los que finalmente se tienen, que son muchos menos por razones evidentes: las condiciones socioeconómicas, el acceso a la vivienda y la conciliación.

Hay que tener claro que luchar contra la despoblación no se hace a coste cero. Esto implica invertir recursos en el territorio. No existe otra posibilidad. A partir de ahí, hay que ser eficientes en la gestión de los recursos. Pero el derecho a la prestación de los servicios va por delante de su eficiencia. Es decir, una sociedad no puede decir que no puede prestar determinados servicios a las personas en un territorio, porque es un derecho reconocido por la Constitución. Las personas tienen que tener la capacidad de vivir libremente donde deseen. La cuestión no es si tenemos recursos suficientes para prestar servicios, sino cómo garantizar la prestación de esos servicios. Habrá que tener una adecuada financiación. Y eso implica, por ejemplo, modificar el modelo de financiación autonómica y local. Es una cuestión de Estado. Pero también implica que las administraciones generen un volumen de ingresos suficiente.

Lo que se va a producir es la desaparición de la población residente permanente. ¿Qué entendemos por que un pueblo desaparezca? Los pueblos, lo que es el asentamiento, al menos en una generación no van a desaparecer. Lo que puede que deje de existir es el empadronado tal y como lo entendemos ahora. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener que seguir prestando servicios en esos territorios aunque sea solo durante una parte del año. Por eso conviene desarrollar políticas públicas para que esa utilización del territorio genere riqueza que permita el mantenimiento de esos servicios para el conjunto del territorio. Porque esto no se hace municipio a municipio. Esto se hace entendiendo el territorio en su conjunto. Los núcleos de población, los espacios rurales, las cabeceras de comarca... lo que es un modelo real de ordenación del territorio para generar nuevas formas de aprovechamiento.

Es una conclusión apresurada. Lo que sabemos es que la población inmigrante va en menor medida al medio rural. Por las políticas que hemos desarrollado en otras épocas, hemos visto que es la población que más rápidamente se desarraiga, es decir, que busca otro territorio en cuanto hay un problema o se encuentra en crisis. Es difícil entender que un territorio esté perdiendo población porque no encuentra actividad y no ofrece oportunidades y pensemos que la población inmigrante va a desear ir allí. En el mejor de los casos, si forzamos ese tipo de empadronamiento, lo que conseguiremos es un efecto puntual que se revertirá en breve. Lo que tenemos que hacer si existe una llegada de población inmigrante durante un periodo, como ocurrió la década pasada, es desarrollar políticas que faciliten el arraigo de la población en los territorios. Eso sí es posible.

Hay dos elementos. El más importante es la aprobación de las Directrices de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico en marzo de este año. Anteriormente se aprobó un decreto de ayudas para el empleo, autoempleo y emprendimiento de jóvenes, en octubre de 2018. Fue la primera norma que iba específicamente encaminada a combatir la despoblación. Ahora mismo todavía están las diputaciones, mancomunidades y ayuntamiento solicitando esos proyectos. Son dos medidas que demuestran cómo hay que afrontar este tema. Un marco estratégico basado en la cooperación de todas las administraciones, pero también medidas concretas para que la población se fije en el territorio.

Al real decreto no le ha afectado porque ya estaba aprobado y diputaciones y ayuntamientos pueden seguir solicitándolo. En el caso de las directrices, lo que ha hecho es retrasar las siguientes fases de trabajo con comunidades autónomas y entidades locales. Hubiera sido importante empezar a trabajar después del verano. Hay que empezar en cuanto haya un gobierno que no esté en funciones.

Tal y como planteaba el presidente del Gobierno en funciones, de lo que se trata es de que en el Consejo de Ministros sea clave la visión demográfica de todas las políticas públicas. Estaremos pendiente de las formas y el contenido de las competencias que decida el próximo Gobierno.

No. Estoy encantado de haber trabajado en esta etapa para que el reto demográfico esté en el marco de la agenda política, pero hay otras muchas personas más indicadas que yo. 

Es que no puede ser de otra manera. Estamos hablando del elemento que más importancia tiene para garantizar la cohesión territorial en el marco del Estado de las autonomías. Hemos de garantizar la igualdad de oportunidades y el desarrollo del ejercicio de la ciudadanía en todo el territorio. Y si la despoblación continúa, cada vez será más complicado. Por eso tiene que ser un elemento fundamental de la acción del próximo gobierno. 

Yo creo que es una materia que puede permitir el consenso, porque todos los territorios, de una u otra manera, están afectados por el reto demográfico. La fragmentación vinculada a la territorialización de los partidos ya creo que en este caso puede fomentar el acuerdo. Pensemos, por ejemplo, en Teruel Existe. El Comisionados ya ha pasado por gobiernos de izquierdas y derechas. Entendemos que ambos bloques afrontan la lucha contra la despoblación como un elemento de impulso político.

Es uno de las materias en las que debe llegarse a un acuerdo de Estado. Pero no un acuerdo solo de cuatro, cinco o seis partidos, sino que abarque los distintos niveles de la administración, de lo público y lo privado, etcétera. Algo como un Pacto de la Moncloa reeditado. Del siglo XXI.

Siempre me he referido a un tema concreto en un lugar concreto: la falta de voluntad política para la ordenación del territorio en Castilla y León. Y eso explica la mayor intensidad de la despoblación en Castilla y León.

No ha habido un modelo de ordenación del territorio en Castilla y León. El único que existió fue uno en el año 2000 y no pasó el periodo de información pública porque el propio Gobierno regional lo retiró dadas las críticas en su propio ámbito de gobierno. Desde entonces ha habido muchas leyes e intentos, pero no se ha puesto sobre la mesa un modelo de ordenación del territorio, que no es una división administrativa, sino un proyecto en el que se habla de cómo garantizar la calidad de vida y el desarrollo socioeconómico de todos los habitantes.

En un territorio como Castilla y León, con municipios tan pequeños, yo creo que las diputaciones son necesarias. Ahora bien, también tienen que actualizar su forma de trabajo y dejar menos margen a la decisión política y más a las condiciones técnicas. A veces ha habido problemas porque las diputaciones no actúan de forma objetiva, sino como un elemento político.

La lucha contra la despoblación y el fomento de la natalidad son dos temas diferentes. Por una razón demográfica: solo una mínima parte de las personas que pueden tener hijos se sitúan en territorios despoblados. El fomento de la natalidad, en todo caso, mejoraría el número de nacimientos en las ciudades.

Tenemos que garantizar que exista. Evidentemente, no hay una voluntad de que haya ciudadanos de primera y de segunda, pero tenemos que asegurarnos de que no está sucediendo por la vía de los hechos. Por ejemplo, tenemos que asegurarnos de que las personas mayores en el medio rural tienen una atención equivalente a la ciudad, y que una familia puede atender a sus hijos con equidad en el medio rural y urbano.

Hay un elemento que tenemos que trabajar en esta legislatura, que es la conectividad, porque buena parte de la calidad de los servicios en el siglo XXI va vinculada a este factor. A partir de ahí, hay que mejorar aquellos que garantiza que tu calidad de vida no disminuye por estar en el medio rural: los servicios sanitarios y educativos generales, la acción social y la cultura, que es un elemento básico para la calidad de vida de las personas.

La Agenda Digital Europea plantea que el acceso a internet a 30 megas por segundo ha de ser un derecho. No es una cuestión de rentabilidad, es un derecho que los gobiernos tienen que garantizar que se cumple. A partir de ahí, la Unión Europea y los gobiernos nacionales y regionales están invirtiendo dinero público para cubrir esas zonas donde el mercado es menor. En 2011, en el concurso para la cobertura del 4G, las operadoras se comprometieron, con sus recursos, a cubrir el 90 por ciento de la población de los núcleos menores de 5.000 habitantes con ADSLde 30 megas. Las operadoras tienen ayudas públicas y tienen que cumplir algunos de los requisitos que se les ha encomendado para obtener beneficios en otros servicios.

El conjunto del medio rural sigue afectado por estereotipos. Da la sensación de que el que se queda allí es porque ha fracasado, ya que el éxito está en las ciudades. Son imaginarios que se han construido durante décadas. En los 70 se hizo esto para que la gente fuera a las ciudades, ya que se necesitaba población allí. A las mujeres se les decía ‘estudia, y vete fuera para avanzar'. Estos imaginarios no tienen nada que ver con la realidad del medio rural actual, donde se pueden desarrollar proyectos profesionales espectaculares. En algunos libros de texto de Primaria se dice ‘las personas viven en las ciudades'. Sí, pero también en el medio rural. También dicen: ‘la actividad industrial es una actividad urbana'. Y no es así necesariamente. Eso genera estereotipos y formas de entender el territorio. No tiene nada que ver España con la concepción de Francia, donde se habla del orgullo rural. Allí el 81 por ciento dice que el medio ideal para vivir es el rural, no el urbano. En España todavía eso es inimaginable.