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El consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó el pasado 21 de mayo un Decreto-Ley por el que se repartirán, tras suscribir los convenios correspondientes, un total de 125 millones a las entidades locales para impulsar la contratación de personas desempleadas, aumentar la inversión pública en el ámbito local y acelerar el pago de acreedores de los municipios por operaciones correspondientes a inversiones.

Del total de la propuesta, 112,5 millones se repartirán entre los 2.233 municipios de la Comunidad que tienen menos de 20.000 habitantes, según su población de derecho ponderada por el nivel de desempleo, y los 12,5 millones restantes irán a parar a las diputaciones para proyectos extiendan sus beneficios a varios municipios.

En el caso de las líneas de actuación dirigidas exclusivamente a los ayuntamientos, el Decreto-Ley permite que hagan frente al pago de facturas pendientes en operaciones correspondientes a inversiones ejecutadas con anterioridad a la fecha de aceptación de la subvención, si bien los beneficiarios sólo podrán disponer, en su caso, de un máximo de 5.000 euros ó el 10% de la cantidad concedida.

Por lo que respecta a la línea de acción que permite financiar equipamientos, proyectos y obras, la subvención se aplicará a inversiones ejecutadas con posterioridad a la fecha de aceptación de la subvención.

Finalmente, el último paquete de ayudas, al que se reserva la mayor dotación presupuestaria, tiene como objetivo la contratación, por obra o servicio y durante al menos seis meses, de personas desempleadas que estén empadronadas en Castilla y León al menos desde hace dos años y que, preferentemente, no cobren ningún tipo de subsidio ni prestación. A esta línea, las entidades deberán destinar, como mínimo, un 60% de las ayudas.

En los próximos días se procederá a formalizar los correspondientes convenios con las entidades locales y a partir de ese momento recibirán las cantidades asignadas de manera inmediata. Las actividades subvencionadas podrán realizarse hasta el 15 de mayo de 2010 y deben de justificar los pagos antes del 1 de julio de 2010.