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Artículo publicado en Efeagro.

El Congreso de los Diputados ha dado este jueves, 15 de diciembre, su aprobación definitiva al proyecto de ley que regula la gestión de la nueva Política Agraria Común (PAC), al admitir todas las enmiendas introducidas en el Senado.

La ratificación de esta iniciativa legislativa permitirá a más de 630.000 agricultores y ganaderos españoles cobrar las ayudas de la nueva PAC, que entrará en vigor el próximo enero.

Los productores se beneficiarán así de 7.150 millones de euros anuales hasta 2027, de los que 4.800 millones se corresponden con los pagos directos, ha resaltado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en su intervención en el debate del pleno del Congreso.

Planas ha asegurado que, en un contexto como el actual, es "importante conseguir un seguro de renta" como son las ayudas de la PAC, que representan el 20 % de los ingresos agrarios.

El proyecto de ley se complementa con un total de 18 decretos que desarrollan el contenido de la política agraria, de los que faltan diez que se publicarán en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en las próximas semanas.

El texto aprobado hoy actualiza el régimen sancionador en materia de declaraciones obligatorias, contratación y organizaciones de productores, así como de comercialización de aceite de oliva, sector lácteo, cría animal y uso de productos fitosanitarios o antibióticos, entre otros asuntos.

Se trata de aspectos que antes estaban regulados en la reglamentación comunitaria, pero que, tras la reforma de la PAC, pasan a desarrollarse mediante normas nacionales, como queda reflejado en el plan estratégico de aplicación de la política agraria en España.

Para avanzar en el proceso de digitalización, se incluye el Sistema de información de explotaciones agrícolas y ganaderas y de la producción agraria (SIEX), que servirá de herramienta de gestión y de intercambio de información para los empresarios agrarios y las administraciones públicas.

Durante la tramitación, los grupos parlamentarios acordaron que las relaciones con la administración se realicen de manera telemática, pero asegurando los medios y el acceso a la población rural que carece de los medios telemáticos necesarios.

Además, Planas ha mencionado otras novedades como la exención del pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para los ecoesquemas, las nuevas ayudas vinculadas a prácticas ambientales sostenibles, y la posibilidad de contratar la doble tarifa eléctrica para los regantes.

Finalmente queda prohibida la quema de rastrojos en la actividad agraria, si bien se excluye a las pequeñas explotaciones y se permite a las comunidades autónomas autorizar excepciones ante el riesgo de plagas o incendios.

En el debate previo a la votación, la diputada socialista María Luisa Faneca ha destacado que la nueva PAC supondrá una "mejor" distribución de los fondos e impulsará la agricultura familiar y profesional.

La portavoz popular de Agricultura en el Congreso, Milagros Marcos, ha criticado la tardanza del Gobierno en tramitar las normas relativas a la política agraria, que "aumenta las sanciones a los agricultores y ganaderos", y que establece "prácticas ambientales imposibles de cumplir" que han generado el rechazo del sector.

Ricardo Chamorro (VOX) ha calificado la PAC de "cúmulo de disparates" y ha afirmado que la falta de desarrollo normativo ha causado inseguridad en el momento de la siembra, mientras que Isabel Franco (Podemos) ha defendido que la nueva arquitectura de la PAC prima prácticas favorables al medio ambiente, la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático.

El resto de los grupos ha insistido en la necesidad de apoyar a los agricultores en un momento de crisis marcada por la pandemia, la guerra en Ucrania y la inflación, entre otros motivos de preocupación.