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La Sociedad actual se encuentra en una terrible situación de desamparo y falta de expectativas tras las constantes embestidas que desde los Gobiernos van haciendo llegar a  los ciudadanos y ciudadanas de nuestra Región.
La actual reforma laboral dará lugar a un crecimiento del paro y a una situación de precariedad en el empleo existente, las trabajadoras y trabajadores quedan en una situación de desamparo y fuera de cualquier posibilidad de negociación.

Castilla-La Mancha es una Región esencialmente rural, donde llevamos más de treinta años armando un modelo de protección social, de diversificación de la economía y de apoyo al sector agrario y ganadero que, en estos momentos, se encuentra en peligro.
Nuestra Región cuenta con 29 Grupos de Desarrollo Rural, donde más de 3.000 colectivos, entre asociaciones y empresas de todo tipo deciden, junto a sus más de 900 Ayuntamientos, y en paridad de condiciones con ellos, dónde se debe invertir y cómo se tienen que gestionar los asuntos públicos. Este modelo de trabajo, demandado por el resto de la Sociedad española a través de diversos movimientos, es una realidad que puede tambalearse en la actualidad. Las acometidas del Partido Popular sobre los avances sociales  son, cada vez, de mayor intensidad y calado.

Estas reflexiones vienen al hilo del último informe del Tribunal de Cuentas Europeo y de la propia Comisión Europea, donde ambos organismos establecen sin ningún tipo de tapujos su decisión de extender el método de trabajo de los Grupos de Desarrollo Rural al conjunto de políticas nacionales a partir del 1 de enero de 2.014. ¿Es posible que las Instituciones comunitarias apoyen, extiendan, difundan e impongan formulas para salir de la crisis y que los gobiernos populares insistan en restringir las mismas y en obstaculizar el trabajo de nuestros Grupos de Desarrollo Rural? Todo parece apuntar que así es.

El reciente Congreso Regional del Partido Socialista de Castilla La Mancha ha encarado la actual situación de crisis y ha apoyado en sus Resoluciones el trabajo de estos Grupos que es, en definitiva, el trabajo conjunto de la Sociedad y las Administraciones para lograr objetivos comunes de creación de empleo, sostenibilidad y mejora en la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Para ello han solicitado que se cumpla con lo establecido en la propia legislación: la dotación de fondos a los Grupos de Desarrollo Rural según lo acordado con Bruselas y la aplicación de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural que tantas expectativas levantó en nuestra Región y que ha quedado, de momento, relegada a simple papel mojado.

Esta Resolución también hace mención a la necesidad ineludible que tienen las Administraciones de evitar la actual situación de desesperación, precariedad y abandono en que se encuentra, quizá, la mejor de las generaciones de jóvenes que ha visto nuestra Región y, en particular, los territorios rurales. Años de esfuerzo por formar a colectivos de jóvenes universitarios para que realicen sus funciones de Desarrollo Local, de asesoramiento, dinamización, atención a personas, etc., están siendo despreciados por las políticas populares con el ya demasiado manido argumento de la crisis.

Hoy día nuestra Región requiere de personas e instrumentos capaces de volver a generar una importante actividad económica, capaces de evitar un nuevo abandono de población hacia zonas y es en ese marco donde las políticas de unos y otros difieren sustancialmente, donde las prioridades se ponen de manifiesto de forma palpable.
La Resolución del Congreso Socialista es, tan solo, un punto de partida. Ahora es necesario que las ideas expuestas en la misma tengan su desarrollo y seamos capaces de demostrar desde el medio rural, el más humilde, que somos capaces de salir de la crisis. Tan solo sería deseable que el resto de formaciones políticas asumieran y ayudaran en la aplicación de estos modelos y con ello en la generación de empleo.