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El MInisterio de Industria Comercio y Turismo ha abierto una consulta pública para que las operadoras le aporten información sobre aquellos territorios de la geografía española que no dispongan todavía de cobertura de banda ancha y aquellas que las propias compañías no tengan previsto proveer de este servicio en los próximos tres años.

Por otro lado, el Ministerio ha ofrecido financiar la expansión de banda ancha de aquellas operadoras que quieran acogerse al plan de ayudas y que deseen comprometerse a dar a los usuarios de las zonas rurales banda ancha de un mega de velocidad, a un precio máximo de 25 euros al mes, con una cuota de alta inferior a 39 euros y una tasa de disponibilidad superior al 99%. Además, ha puesto como condición que el volumen de descarga no pueda ser inferior a 2 gigas.

Sin duda, esta es una buena iniciativa del gobierno para incrementar la conectividad de sus ciudadanos, aunque, ya ha recibido críticas desde distintos puntos de la sociedad española.

Asimismo, la asociación dedicada a la defensa de los consumidores, Facua, ha mostrado su desacuerdo con "el elevado precio y la baja calidad" del servicio de banda ancha propuesto por el Ministerio y ha reprochado que los requisitos únicamente están orientados a "satisfacer los intereses de las operadoras de telecomunicaciones.

De esta manera, Facua ha reclamado un servicio universal de banda ancha a un precio fijado por el Gobierno claramente por debajo del ofrecido por las empresas que operan en España, a una velocidad acorde al uso actual de los servicios ofrecidos a través de la red y sin límite de descargas o subidas de archivos.