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Las organizaciones agrarias, por un lado, y los ruralistas y grupos locales, por otro, coinciden en que la aplicación de la PAC entre 2007 y 2013 está llevándose a cabo con cierta dificultad, y que la frontera entre las ayudas agrarias y rurales es demasiado difusa.

Desde el propio Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), el director general de Desarrollo Rural, Jesús Casas, apuntó a Efeagro que la programación 2007-2013 está funcionando, pero "con sus complicaciones".

"El sector agrario considera que el eje III -destinado a mejorar la calidad de vida en las zonas rurales- y el IV -de apoyo a los grupos locales- se financian con dinero agrario y se gasta en cosas ajenas a él, mientras que los ruralistas y los grupos locales creen que estar dentro del Fondo Europeo Agrícola al Desarrollo Rural (Feader) supone una contradicción", ha resaltado Casas.

Sobre la programación 2007-2013, "existe consenso en que la cosa no funciona", ha asegurado, por su parte, el catedrático de Análisis Geográfico Regional por la Universitat de València (UV) Javier Esparcia, quien colabora con la Comisión Europea (CE) en la evaluación de políticas de desarrollo rural.

"Los agricultores creen que les están quitando fondos para dedicarlos a desarrollo rural, y en parte tienen razón, pero el descenso de las ayudas ocurriría de cualquier modo por la reducción de las subvenciones directas al sector agrario a la que obliga Bruselas", ha subrayado el catedrático.

Esparcia es uno de los más de 40 expertos que han respaldado un documento auspiciado por el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA) que servirá de base para reflexionar sobre la postura de España de cara a la Política Agraria Común para 2014-2020.

En el texto se advierte de que en la ejecución del programa 2007-2013 se ha dado "prioridad a las medidas relacionadas con la dimensión productiva de la agricultura, destinando la mayor parte de los fondos Feader a financiar actuaciones del Eje I -mejora de la competitividad del sector agrícola y forestal-, en detrimento de los ejes II -mejora del medio ambiente y del entorno rural-, III y IV".

Según ha destacado el presidente de la Red Española de Desarrollo Rural (REDR), Aurelio García, un ejemplo de ello ha sido "que algunas autonomías han incluido las ayudas a la industria agroalimentaria en el eje III, cuando en realidad pertenecen al I".

Este cariz "agrarista" que ha adoptado finalmente el programa que se extiende hasta 2013 se debe, según estos expertos, a la tendencia de los Gobiernos europeos de apoyar la agricultura para compensar el impacto de la crisis económica y los desajustes en el mercado de alimentos.

El documento del IESA concluye que, dado el mal resultado de la integración planteada para este período, la programación para 2014-2020 debe contemplar la separación "entre la política agraria y la política de desarrollo de los territorios rurales, dotándolas de sus propios fondos y de sus propios instrumentos de actuación".

Fuentes de Cooperativas Agro-alimentarias resaltaron que aunque el sector agrario debe "contribuir al mantenimiento y desarrollo" de algunas políticas de desarrollo rural, su apoyo "no es suficiente" para lograr objetivos tan ambiciosos.

"Nosotros entendemos que las necesidades del ámbito rural en educación, sanidad e infraestructuras tienen que ser atendidas con fondos procedentes de otros sectores, y no de la política agraria", han añadido fuentes de la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja).

Desde la organización agraria COAG han planteado que "el problema es que la CE quiere contentar a todos con el mismo dinero; no parece que vaya a crear un nuevo fondo pese a que se echa en falta una dotación presupuestaria independiente para el desarrollo rural".

Fuentes de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) han destacado, por su parte, que una mayor separación entre las ayudas agrícolas y las dirigidas al desarrollo rural sería "conveniente" para evitar esa "sangría de fondos".

Los "globos sonda" -como los califican desde el sector- lanzados por la CE sobre el futuro de la PAC han evidenciado el temor de agraristas y ruralistas a afrontar una reducción de fondos y han hecho resurgir sus diferencias, pese a que ambos están de acuerdo sobre la conveniencia de separar las ayudas.

Unas desavenencias que, tal y como reconoce un miembro del sector agrario, vienen de muy lejos: "Tanto como el primer reglamento", derivado de la reforma de los fondos estructurales de 1988