REDR

Entre las 135 líneas de actuación enumeradas en la estrategia autonómica para restaurar la salud del precario mundo rural asturiano falta una medida cuya aplicación empieza a reclamarse con frecuencia en los concejos más pequeños del Principado. La sensación de que, después de la sangría demográfica y económica de los últimos 30 años, a esos lugares apenas les queda vida en las venas, ni tiempo para corregir esa situación, lleva a sus alcaldes y a algunas voces destacadas de la sociedad civil a plantear a las administraciones una medida desesperada para momentos desesperados: menos impuestos para los residentes en los municipios que no superen un cierto umbral de población. La idea, defendida, entre otros, por Eduardo Lastra, exalcalde de Taramundi y veterano diseñador de políticas para las zonas despobladas de España, y secundada por algún alcalde en ejercicio, plantea que sea más barato vivir y mantener un negocio en las comarcas alejadas del interior de Asturias para evitar la pérdida de más vecinos. Otros expertos, sin embargo, son escépticos acerca de ese planteamiento. En la sociedad interconectada del siglo XXI, argumentan, sería muy fácil para cualquiera instalar una empresa en una localidad que le diera acceso a esas ventajas fiscales y, sin embargo, gestionarla, trabajar y vivir en una ciudad.

Lastra ya ha defendido su idea en diversos foros en los últimos meses. A La Voz de Asturias se la expuso el pasado verano, al participar en el número extra dedicado al futuro de la comunidad autónoma. A su juicio, el deterioro demográfico ha alcanzado un punto casi irreversible. El exalcalde ocupó la dirección general dedicada al desarrollo rural en el Gobierno autonómico entre 2007 y 2011. Desde esa posición, fue también una de las principales voces en el desarrollo de la ley sobre la materia aprobada por el Ejecutivo central de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero ahora es pesimista. Todos los indicativos empeoran y no parece haber remedios. De modo igualmente sombrío, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) difundió a finales de enero un informe de elaboración propia que sostiene que todos los municipios españoles con menos de 1.000 habitantes se encuentran en vías de extinción. En Asturias, 17 de los 78 concejos se encuentran en esa categoría. Para Lastra, la situación es tan grave que justifica la adopción de enfoques radicales y que nunca se han experimentado. Por eso, defiende la introducción de exenciones y bonificaciones fiscales tanto para los residentes como para las empresas con sede en municipios rurales.

«No se trata de obligar a nadie a quedarse porque sí. Quien libremente aspire a ser ingeniero de la NASA se va a ir, y eso está bien, nadie tiene que estar atado. Pero se trata de que si algún joven quiere quedarse encuentre menos obstáculos económicos», defiende Lastra. De manera similar, el alcalde de Pesoz, José Valledor, defiende la necesidad de introducir incentivos para animar un paisaje desolado. El concejo del Noroccidente es el segundo menos poblado de Asturias. Tiene 170 vecinos, una densidad de población (de las más bajas de Europa y propia casi de un desierto) de apenas cinco habitantes por kilómetro cuadrado y un problema de viabilidad para cualquier empresa del sector servicios que desee operar en un mercado tan reducido. En más de la mitad de los diez años anteriores a 2015, el último para el que existen datos comprobados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), no hubo nacimientos de niños registrados en su territorio. Mantener a los pocos jóvenes que quedan es vital para evitar un futuro, pero no muy lejano, cierre por defunción. «Hace poco ha abierto una panadería. Se buscan la vida repartiendo en una furgoneta. Pero la mayoría, si quiere abrir una tienda, se va como mínimo a Navia. Allí hay más gente a la que vender. Además, los impuestos son los mismos para vender unas pocas hogazas aquí que para instalarse en la calle Uría de Oviedo», aduce Valledor.

De forma incipiente, algunas de las comunidades autónomas más castigadas por el envejecimiento y la despoblación del campo empiezan a desarrollar una fiscalidad rural. Galicia ha ampliado este año las categorías de contribuyentes exentas de pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Los menores de 35 años, las familias numerosas o los discapacitados que adquieran una primera vivienda en un municipio de 20.000 habitantes o en una parroquia rural poco habitada de un municipio que en su conjunto sí supere esa barrera no tendrán que pagar ese tributo. Asturias concede una bonificación especial en las deducciones del tramo autonómico del IRPF por la compra de una vivienda en zonas rurales. Pero lo que plantean los defensores de la ayuda a los concejos en apuros va más allá y pide al Ministerio de Hacienda que alivie la presión sobre las empresas que eligen instalarse sobre el terreno.

No todo el mundo está de acuerdo ni con el objetivo ni con la forma de aplicar esas reformas. La profesora Ana Viñuela, perteneciente al Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo y miembro de su observatorio Regiolab, acumula años de estudios sobre los modelos para el desarrollo rural y considera ingenuo confiar en las rebajas fiscales para salir del pozo. «Esta idea de las exenciones fiscales sigue asumiendo que las personas viven donde trabajan y viceversa. La tendencia actual es la contraria. En un mundo cada vez mas globalizado, con las nuevas tecnologías de la información y en una Asturias cada vez con mejores comunicaciones, los ciudadanos pueden dar de alta una actividad económica, o incluso fijar oficialmente su residencia, en un municipio rural para beneficiarse de las exenciones fiscales pero seguir viviendo y ejerciendo su actividad en ¿toda Asturias? ¿O en toda España?», señala.

Viñuela distingue entre los problemas y las realidades de dos grupos de concejos. En primer lugar, los que son pequeños pero están situados cerca del área central de Asturias, donde se concentran casi toda la población y la actividad económica de la comunidad, encontrarán, a su juicio, algún acomodo para salir adelante. Siempre pueden ofrecer zonas residenciales y servicios más baratos que las ciudades del triángulo Oviedo-Gijón-Avilés, además de poder beneficiarse del desarrollo del sector turístico. En segundo lugar, y más desesperados, quedan los concejos (y en especial los del interior del Occidente) demasiado alejados del centro para ejercer ese papel residencial y con una población escasa para mantener su propia base económica. «Si el objetivo es evitar lo inevitable, el despoblamiento, es necesario que los jóvenes que nacieron allí deseen quedarse en su municipio, deseen hacerse cargo de las explotaciones ganaderas de sus padres o vecinos. Y para que ellos deseen quedarse los antiguos ganaderos tienen que desear ceder praos para poder conseguir explotaciones de cierto tamaño. El despoblamiento de este tipo de municipios rurales rural en Asturias esta vinculado al sector ganadero, y al agrario, en menor medida)», añade la profesora.

Viñuela no confía en las fantasías neorrurales como salvavidas para los concejos en peor situación: «No inventemos historias de que un periodista o un arquitecto puede perfectamente trabajar online desde Boal. Son leyendas urbanas, o quizá deberíamos decir rurales». Entre los escépticos se cuenta también el alcalde de Navia y presidente de la Federación Asturias de Concejos, Ignacio García Palacios. «Cualquier reducción de impuestos topará con limitaciones legales. Yo sigo confiando en el desarrollo de nuestros recursos propios, aunque es una apuesta a largo plazo. Tenemos que aprovechar el sector forestal y los derivados de la madera. Aquí tenemos especies frondosas de crecimiento rápido y solo aprovechamos 230.000 hectáreas para su explotación, mientras que tenemos más de 300.000 de matorral. Además, Asturias solo produce el 10% de su consumo de productos agrícolas. Ahí tenemos otro hueco», expone.

En realidad, los alcaldes están de acuerdo en que la clave para retener a los pocos jóvenes que quedan e intentar recuperar población está en ofrecer trabajos bien pagados, servicios públicos y calidad de vida. La diferencia entre García Palacios y Lastra es que el primero aún piensa en soluciones a largo plazo y el segundo cree que eso es un lujo que muchos pueblos ya no tienen a su alcance. «El tiempo se nos ha agotado. No está de nuestra parte. Necesitamos resultados inmediatos», concluye.