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Bruselas está dispuesta a estudiar la iniciativa del Gobierno de Castilla y León de crear un fondo específico para activar la economía de amplias zonas del viejo continente que ven cómo se vacían, entre ellas, esta comunidad.

¿En qué consiste la propuesta de Castilla y León?

La apuesta de la Junta es atender a lo desafíos de Europa desde el punto de vista del aprovechamiento de las potencialidades del mundo rural, fundamentalmente el agroalimentario. Se trata de dar respuesta al mismo tiempo a los problemas sociales que tiene el continente de cara a la inmigración y a los problemas demográficos.

Y eso, ¿cómo se articula?

Hay que hacer un planteamiento de respuesta a las políticas sociales desde el ámbito de la economía, no desde las políticas pasivas o prestaciones asistenciales. En Europa, el 80% de la población vive en las ciudades, cuando se podía dar la vuelta perfectamente. Esto requiere creer en el medio rural, ver sus potencialidades desde el punto de vista económico. La FAO, en el último estudio, «Tendencias y desafíos», establece cómo la población mundial va a crecer en 2.600 millones de personas de aquí al 2050. Eso va a requerir un 7'% más de producción para alimentar a la población. El planteamiento de Castilla y León es unir esta necesidad con las posibilidades de impulsar la actividad económica y la despoblación y, al mismo tiempo, dar una respuesta a personas que vienen de otros países.

¿De dónde procedería ese fondo?

La idea es que los Fondos de Desarrollo Rural o los de Cohesión tengan una partida específica vinculada a activar la economía en las zonas más despobladas, con una mayor tasa de financiación y con una cuantía vinculada a la obtención de resultados, no al cumplimiento de unos requisitos. En decir, se financiaría aquello que genere actividad económica, permita la implantación de personas... Y no sólo proyectos de agroalimentación, porque también hace falta financiación para que haya telecomunicaciones, atención social sanitaria, educativa y de servicios sociales, para que haya implantación de nuevas industrias, turismo... Todo ello vinculado a resultados en términos de población y de actividad económica. Es decir, un fondo específico con financiación suficiente y mayor tasa de aportación europea, que se completaría con uno nacional y autonómico.

¿Qué recorrido va a tener su propuesta?

Se aprobó en el Parlamento Europeo, en presencia de los ponentes del Reglamento de la Política Agraria Común. En este foro se aceptó tramitar la propuesta y se ha incorporado como enmienda a los reglamentos presentados por la Unión Europea para el próximo marco financiero plurianual. En paralelo se trabaja con una coalición de regiones europeas que están de acuerdo con este impulso y también se trabaja en el Comité de las Regiones de Europa. Lo fundamental es aprovechar las potencialidades del medio rural para dar respuesta a la despoblación y a las políticas sociales que tiene que abordar Europa para atender a la población que llega de otros países.

Es decir, aprovechar la inmigración para repoblar

La integración puede ser en base a políticas proteccionistas y subvenciones o vinculadas a la actividad económica y el empleo y por lo tanto a la activación del medio rural. Nuestra propuesta es que se aprovechen esos fondos para activar la economía en las zonas despobladas y de paso dar respuesta a estas personas que necesitan integrarse.

¿No tiene miedo de que este fondo se detraiga de las ayudas de la PAC?

No. La PAC tiene una parte de ayudas directas que se deben mantener apoyando al productor que vive de la agricultura. Hay que tener en cuenta que los alimentos que consumimos y que son necesarios requieren de estas ayudas, salvo que la política de mercados por sí sola permitiese que el agricultor obtuviese el beneficio que necesita. Si no fuese por el 30% que aporta la PAC, pagaríamos un 30% más por lo alimentos porque no hay equilibrio en los mercados.

Pero al final la caja es la misma

Yo lo que planteo es que los países aporten más al fondo común. Si se requiere una mayor partida en Europa hay dos posibilidades: la sencilla, que es quitarlo de donde hay sin mirar el problema que se genera, que es grave porque redundaría en la despoblación; o buscar mecanismos de aportación mayor de los Estados miembros. Desde que tomo posesión el Gobierno de Pedro Sánchez vengo demandando que comprometa esa aportación a mayores de España para que haya fondos de desarrollo rural específicos y que aproveche las alianzas que dejó el Gobierno de Rajoy con 14 países en este sentido. Lo sencillo y más popular es atender a las personas con prestaciones pasivas pero es ineficiente y no resuelve los problemas. Se pueden hacer las cosas de forma más compleja buscando alianzas y trabajando más para tener una Europa más fuerte.

Sin embargo, la actividad económica está muy bien pero si un pueblo no tiene servicios...

-Hablamos de desarrollo del territorio rural. Lo primero, sin ninguna duda, son las infraestructuras de comunicación. No parece razonable que reduciendo los requisitos que se exigen a las operadoras, como ha planteado la ministra, se vaya a conseguir mayor implantación de las empresas que necesitan de las telecomunicaciones para estar en el territorio.

¿No cree que al problema de la despoblación llegamos tarde?

Es el momento porque se está redefiniendo la política energética y hay que tener en cuenta que un 30% de los costes de producción en el sector primario están vinculados a la energía. También se define la estrategia para el cambio climático y aquí sería importante que se tuviera en cuenta la reducción del consumo de agua, mediante la mejora de regadíos. Además, se está elaborando la estrategia de salud pública que tiene que contemplar la necesidad de atender a la población en el territorio. Todo está vinculado.