REDR

Convocatoria.

Bases reguladoras.

El  Departamento de Agricultura de la Generalitat de Cataluña ha convocado las ayudas destinadas a la aplicación del desarrollo local participativo Leader  en el marco del Programa de desarrollo rural de Cataluña 2014-2020 (operación 19/02/01) correspondientes al año 2020.  

El objetivo principal de estas ayudas es fomentar  la realización de inversiones que generen actividad económica para la aplicación de las estrategias de desarrollo local propuestas por los GAL y aprobadas por el  Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación con acciones dirigidas a la reactivación económica y la creación de empleo; establecer políticas específicas para la juventud del mundo rural que fomenten el arraigo y desarrollo económico y social; a promover la mitigación y adaptación al cambio climático y la protección de los recursos naturales, ya estimular la innovación y la transferencia de conocimientos en el sector agroalimentario . 

Las ayudas previstas en esta Resolución,  por un importe total de 7.666.666,67 euros , tienen carácter de cofinanciadas por  el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) , de acuerdo con el Programa de desarrollo rural de Cataluña 2014-2020, y por  DARP.

El plazo de presentación de solicitudes se inicia al día siguiente de la publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña (DOGC) y finaliza el 30 de noviembre de 2020, incluido .

Pueden ser  personas beneficiaría s de estas ayudas: 

• Personas de naturaleza privada: personas físicas o jurídicas (microempresas, pymes, cooperativas, asociaciones o fundaciones participadas por entes públicos en menos de un 25%) que realicen inversiones productivas en: - Empresas que transformen y / o comercialicen productos agroalimentarios. - Empresas no agroalimentarias. 
  
  
  
• Personas de naturaleza pública con sede en Cataluña: ayuntamientos, consejos comarcales, entidades municipales descentralizadas, consorcios, asociaciones, fundaciones o empresas públicas participadas por entes locales (en igual o más de un 25%) que realicen inversiones no productivas en: - Recuperación del patrimonio cultural y natural. - Infraestructuras públicas para la mitigación del cambio climático.      - Infraestructuras que generen actividad económica y empleo.