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El Boletín Oficial del Estado ha publicado el pasado martes día 7 de diciembre los protocolos generales suscritos entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y las Comunidades Autónomas de Canarias, Asturias y Murcia para la aplicación en estos territorios de la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural.
El objetivo de estos protocolos es establecer las bases y el marco de cooperación entre las administraciones central y autonómica para preparar la aplicación en las Comunidades Autónomas del Primer Programa de Desarrollo Rural Sostenible, previsto en la citada Ley, mediante la elaboración concertada y participada de los planes de zona.

Así, en la Comunidad Autónoma de Canarias se van a elaborar siete planes de zona correspondientes a Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro, con una estimación presupuestaria de 82,36 millones de euros en los próximos cinco años, financiados al 50% por el MARM y la Comunidad Canaria. También está prevista una inversión de 1.021.000 euros por parte de la AGE en infraestructuras de interés general.

Por lo que se refiere al Principado de Asturias, las zonas rurales para las que se van a elaborar planes de zona son el Occidente Asturiano y el Oriente Asturiano, consideradas ambas como zonas a revitalizar de primer nivel, es decir, que cuentan con el mayor nivel de prioridad para la aplicación de la Ley.

Los planes de zona para Asturias van a contar con una aportación de 82,36 millones de euros durante los próximos cinco años, financiados al 50% por el MARM y el Principado de Asturias. Además, la Administración General del Estado va a invertir otros 1.021.000 euros para la realización de infraestructuras de interés general.

Por último, en la Comunidad de Murcia se van a elaborar tres planes de zona: Noroeste, zona considerada a revitalizar, Valle del Ricote y Centro, con una estimación presupuestaria para los próximos cinco años de 29,86 millones de euros, también financiados al 50% por ambas administraciones. Además, la AGE va a aportar 371.000 euros para infraestructuras de interés general.

Para la debida ejecución de las actuaciones a las que se refieren los protocolos, la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural se constituye como órgano de gestión y coordinación operativa, tanto con los centros directivos ministeriales encargados de la ejecución de las actuaciones, como con su homólogo en la Comunidad Autónoma correspondiente.

Por su parte, los departamentos de Desarrollo Rural de las Comunidades Autónomas serán los órganos encargados de la coordinación operativa y la elaboración de los proyectos de planes de zona. También establecerán un órgano de participación para cada zona rural objeto de planificación, que garantice una participación pública real y efectiva, y en el que estarán representadas las corporaciones locales de la zona, los agentes económicos, sociales y ambientales que tengan actuación en los territorios.