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Artículo de Vidal Maté, publicado en El País.

El Ministerio de Agricultura, las comunidades autónomas y todas las organizaciones agrarias y medioambientales inician esta semana las negociaciones para la elaboración de plan estratégico del sector que marque la política agraria para aplicar en la próxima década. Estas negociaciones se desarrollarán según un calendario previsto durante todo este año para analizar necesidades y plantear respuestas en el marco de la nueva reforma de la Política Agrícola Común (PAC), aunque su entrada en vigor se retrase desde 2020 a hasta 2022 o 2023.

La Comisión exige a cada Estado miembro que elabore un plan estratégico, que en el caso de España servirá para ubicar los más de 45.000 millones que percibirá en un periodo de cuatro años como ayudas directas y para desarrollo rural.

Desde el departamento que dirige Luis Planas se estima que el hecho de que se hayan convocado elecciones generales no cambiara el desarrollo de las negociaciones sobre los puntos básicos, que ya han sido consensuados en conferencia sectorial entre gobiernos autonómicos de socialistas y populares.

Los actuales reglamentos propuestos por la Comisión para la reforma la PAC contemplan el logro de nueve grandes objetivos en materia económica, rentabilidad de las explotaciones, ordenación de mercados, cadena alimentaria, medioambiental, cambio climático y desarrollo sostenible y de carácter social, como el relevo generacional o el despoblamiento rural.

Rentabilidad y despobación rural

De cara a la elaboración de ese plan, las negociaciones comenzarán buscando salidas para la rentabilidad de las explotaciones agrarias y la mejora de la seguridad alimentaria. También se analizarán las causas que están provocando el despoblamiento del medio rural y las medidas para atraer a los jóvenes para su incorporación a la actividad agraria, así como para facilitar el desarrollo empresarial en esas zonas.

Ante las propuestas comunitarias y de cara a las negociaciones para la nueva reforma, el gobierno aprobó el pasado noviembre la posición de España a partir de la elaboración de un único plan estratégico frente a las iniciativas de algunas comunidades autónomas de elaborar el suyo propio.

Esta posición contempla la necesidad de mantener el actual presupuesto y los niveles de cofinanciación, elevar del 12% al 15% las ayudas asociadas a la producción y las intervenciones sectoriales, mantener el 2% del presupuesto para los jóvenes, elevar la ayuda a la instalación de 60.000 a 100.000 euros, limitar los pagos por petición a 100.000 euros y recortar los mismos a partir de los 60.000 euros.

También se propone definir el agricultor genuino como destinatario de las ayudas, sin olvidar a los de tiempo parcial, mantener los programas de ayudas en vino, frutas o apicultura, aumentar los fondos para gestión de riesgos, seguros agrarios y para la crisis y mejorar la cadena de valor.