REDR

El desarrollo rural -competencias, políticas y presupuestos- ha estado en el foco del arranque de la legislatura, con las dudas sobre quién estaría al frente de las políticas para afrontar sus retos, dada la nueva estructura del Gobierno de Pedro Sánchez.

Una vez publicado el Real Decreto que deja el desarrollo rural en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el liderazgo contra el reto demográfico en Miteco, el territorio rural afronta un momento decisivo.

Los datos

Según las últimas cifras oficiales (datadas en 2018), España cuenta con 7.594.111 personas que habitan en entornos rurales, lo que representa el 16,2 % de la población española.

En el territorio hay 6.676 municipios rurales, que representan el 82,2 % del total de municipios del país y el 84,1 % del territorio nacional. Precisamente, la densidad de población en el mundo rural es del 17,9 habitantes por kilómetro cuadrado (en superficie no rural la densidad es del 488,2 hab/km2) y cuenta con un nivel de desarrollo inferior al registrado en zonas urbanas.

La estructura

Entre los primeros avisos que realizó el nuevo Gobierno fue el de la creación de la Vicepresidencia para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, medida ya aplicada y liderada por Teresa Ribera.

A esta iniciativa se le suma que la Dirección General de Desarrollo Rural comenzará a gestionar lo relacionado con formación agroalimentaria, aunque perderá Política Forestal.

Se ha hecho pública también la creación de una Dirección General de Políticas contra la Despoblación encuadrada en el Ministerio para la Transición Ecológica, responsable a su vez de Reto Demográfico.

Las dos secretarías generales del departamento, con rango administrativo de subsecretaría, son Agricultura y Alimentación, de la que dependen cuatro direcciones generales (Producciones y Mercados Agrarios; Sanidad Agraria; Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria; e Industria Alimentaria); y Pesca, con otras dos direcciones generales (Recursos Pesqueros y Ordenación Pesquera y Acuicultura).

Sin embargo, pese a estos leves cambios estructurales, los cargos más conocidos se mantienen igual, con Luis Planas como ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación; con Fernando Miranda Sotillos como Secretario General de Agricultura y Alimentación; y con Isabel Bombal como directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria.

En los días previos a este anuncio, publicado esta semana en el Boletín Oficial del Estado, la inquietud comenzó después de que Planas precisara que aunque su departamento mantendrá las competencias de Desarrollo Rural, "alguna parte puede ir" a otras carteras.

"Es absolutamente lógico (que haya cambios). Pero la preocupación de las organizaciones agrarias y cooperativas era que toda la parte relativa a desarrollo rural como actividad complementaria de la agricultura y la ganadería estuviera aquí, y creo que eso va a ser así", defendió el ministro la semana pasada.

Retos que llegan desde Bruselas

Con esta división de las responsabilidades entre diferentes ministerios podría haber una distribución diferente de las ayudas económicas establecidas por la Política Agraria Común (PAC) -que está siendo negociada por la Comisión Europea-, lo que afectaría en gran medida a la población rural española.

Asimismo, las negociaciones que se están produciendo en paralelo en Bruselas sobre el Pacto Verde Europeo -con el que buscan que la Unión Europea sea neutra en emisiones de carbono en 2050- podrían reducir las ayudas a los cultivos españoles que no cumplan con las exigencias en sostenibilidad.

En el plano nacional

El Gobierno tiene como objetivo una mejor aplicación de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico. Con esta iniciativa, acordada inicialmente en 2017, buscan una mayor coordinación entre administraciones y entre lo público y lo privado.

Por otra parte, la mejora del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha generado tensiones entre los sindicatos y las organizaciones agrarias, ya que estas han advertido de los efectos perjudiciales de la subida para la actividad primaria, aunque según el Gobierno esta medida es "asumible" por el sector.

Las medidas aplicadas a la agricultura influyen directamente en los entornos rurales, ya que la mayoría de la población en estos territorios trabaja en el sector primario.

Otras complicaciones que afectan a agricultura y ganadería son los aranceles aplicados por Estados Unidos a varios productos agroalimentarios españoles.