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Rumí, que firmó un convenio marco con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, incidió en que durante la pasada legislatura, los ayuntamientos recibieron 400 millones de euros para "trabajar conjuntamente en el desarrollo de planes de ciudadanía y en la promoción de acciones locales efectivas para su integración".

Según explicó, el acuerdo alcanzado "comprometerá a 8.000 municipios y a más de 4 millones de ciudadanos" con la integración de los extranjeros, "el mayor reto de la sociedad española". No obstante, explicó, "no implica obligaciones financieras a ninguna de las partes".

Para la secretaria de Estado, "el municipio es el primer lugar en la nueva vida del inmigrante" ya que "la mayor parte de las necesidades y demandas del colectivo tienen que ver con la administración local", por lo que es importante incidir en los "lazos de cooperación" entre el Gobierno y las administraciones locales.

En este sentido, afirmó que el acuerdo con la FEMP es "un paso vital y de gran alcance" que "aportará con seguridad resultados satisfactorios en su tarea de consolidar y potenciar la colaboración entre la Administración General del Estado y las locales, a través de la federación".

Gestores de la migración 

Por su parte, Castro se comprometió a trabajar en proyectos "transversales", tales como educación; formación; vivienda o cohesión cultural. "Vamos a trabajar desde el ámbito local, por la construcción de un entorno social que sea más participativo e integrador y que conlleve políticas mucho más libres y puras" porque en los últimos tiempos los ayuntamientos se han convertido en "la Administración gestora del fenómeno migratorio", señaló.

Este acuerdo, que se enmarca en el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración (PECI) 2007-2010, aprobado por el Consejo de Ministros en febrero de 2007, contempla, entre otras medidas, el intercambio de experiencias entre las corporaciones locales; el impulso del trabajo en red de los diferentes agentes implicados; y la formación de responsables y profesionales encargados de la elaboración de programas de ciudadanía.

"Son los poderes públicos los que deben luchar contra la marginación y, de ellos, los gobiernos locales son los que están en mejores condiciones de ofrecer soluciones prácticas que aseguren la cohesión desde las políticas públicas de convivencia, de mediación, de educación y políticas sociales", concluyó Castro.