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Gobierno y Junta de Castitlla y León destinan ocho millones a impulsar en la región la ley estatal de desarrollo rural

09/02/2009 Área: Instituciones Públicas Fuente: Norte de Castilla

Porque lo más cercano es lo más importante, y sobre todo, porque los pequeños detalles son los que engrandecen una vida, los habitantes de al menos 17 municipios de Castilla y León esperan, como agua de mayo, para juntar sus tierras en una ubicación cercana (concentración parcelaria) o para desbrozar la base del conducto por el que circulará el agua para regar su cultivo. Habrá calles que se alumbrarán con nuevas farolas, más ecológicas y modernas, y habrá pequeñas localidades en las que los hijos de los inmigrantes recién llegados evitarán que se cierre la escuela.

Conseguir todas estas cosas se podrá hacer a través de los Programa de Desarrollo Rural en los que trabaja ya el consejo del mismo nombre creado para aplicar sobre el terreno la primera Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural aprobada en España. Ya en el 2008 contó con algo de financiación, pero no será hasta el 2009 cuando se empiecen a ver los primero resultados. En el caso de Castilla y León será a partir del mes de marzo y una vez cerradas las líneas generales de las comarcas en las que se va a actuar.

Para ir empezando se han seleccionado ocho, todas ellas incluidas dentro de la Red Natura (el terreno acogido a esta catalogación supone el 16% de la superficie de la comunidad) y repartidas por toda la geografía de la comunidad: Bureba-Meridandes (Burgos); Montaña central (León y Palencia); Carballeda-Aliste (Zamora); Arribes del Duero-Sayago (Zamora y Salamanca); Peñaranda-Arévalo-Madrigal (Ávila y Salamanca); Ayllón-Tiermes (Segovia-Soria); Demanda-Urbión (Burgos), y Tierra de Campos (Valladolid).

'Territorio rural'

Todas estas zonas son consideradas "territorio rural", que es aquel que se caracteriza por la elevada significación de la actividad agraria, por su población dispersa o porque su nivel de población media está por debajo del de las zonas urbanas. En este sentido hay que diferenciar distintos tipos porque algunos núcleos rurales están en una situación mejor desde el punto de vista de los servicios que prestan a los ciudadanos y en otras localidades o zonas esa calidad no alcanza la media nacional. "Es ahí donde queremos actuar", aseguran desde el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, y por eso se ha denominado a esas zonas "áreas prioritarias". "Entendemos que es en estos lugares donde hay que hacer un esfuerzo solidario de todos -administración autonómica y general- para que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos y puedan vivir en las mismas condiciones con servicios similares", destacan.

En estos momentos la ley estatal está empezando a andar aunque sólo en "ocho o nueve comunidades autónomas". En su primer año de vida se han concretado experiencias piloto, a la espera de aprobarse el programa general que irá llegando al resto de las regiones. "El 2009 va a ser un año muy intenso", insisten fuentes del Ejecutivo central, al tiempo que avanzan que quieren aprobar en el seno del Consejo Rural, "y con el mayor consenso posible", los criterios para determinar las zonas de actuación de forma que a continuación las comunidades autónomas puedan terminar los trabajos que en algunas ocasiones ya tienen en marcha.

Trece ministerios

Paralelamente, se irá trabajando en los contactos bilaterales con los trece ministerios implicados en la aplicación de esta normativa estatal para que "a mediados de año podamos tener algo más que un esbozo; más bien el programa genérico que recogiera todas las actuaciones". Una vez aprobado este documento y seleccionadas las zonas por las comunidades autónomas habría que ir a cada comarca y aplicar un programa específico, aunque basado en los criterios generales. Esos proyectos se financiarán al 50% -ocho millones de euros entre las dos administraciones- y se irán ejecutando durante los próximos cinco años. Es el plazo que barajan los dos gobiernos para calibrar si se han aplicado con éxito o hay que reformular el sistema, y esto se conseguirá porque desde el primer momento habrá un mecanismo de seguimiento y evaluación de los proyectos que se financiarán con fondos públicos.

El desarrollo rural pretende ser un yacimiento de empleo, afirman desde el Ministerio, "lo que ocurre es que dependerá de lo que consigamos motivar a los ciudadanos. Al final, el empleo lo crean las personas; cualquier actividad que pongamos en valor puede serlo, depende de que seamos capaces de ilusionar a la gente. Hay que crear una conciencia de que el futuro en el mundo rural es posible".

Entre las novedades que se recogen en la nueva ley para potenciar el desarrollo de los municipios se incluye, por ejemplo, la apuesta por las explotaciones ecológicas. Es una forma de mantener el territorio más próximo a la naturalidad "y eso siempre es bueno", aseguran desde el Gobierno central antes de insistir en que "el planeta agradece que lo cuidemos". 

En este sentido se va aprobar el Plan Nacional de Calidad Ambiental Agrícola y Ganadera, que persigue la gestión sostenible de los residuos agrarios y ganaderos o la reducción del uso de fertilizantes. Esto no significa que los profesionales tengan que modificar su actividad sino que, por ejemplo, tendrán que adecuar el uso de fertilizantes a las necesidades. "No se trata de hacérselo difícil a la gente", aseguran, sino de "optimizar". Y es que, a veces se puede reducir el consumo de 'inputs' sin que eso suponga "que el resultado final sea peor". Para conseguirlo, desde el Ministerio apuestan por "hacer un esfuerzo de formación y sensibilidad", aunque son conscientes de que "la cultura agraria ha avanzado mucho y nuestros agricultores son cada vez más respetuoso".

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